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Cartas
Miércoles 05 de agosto de 2015
Una gratuidad mal fundada
Las dudas que plantea el (¡tercer!) criterio sobre gratuidad, que la Presidenta acaba de anunciar, revelan un mal diseño.
Desde luego, no se sabe si los criterios se aplican a todas las universidades o solo a aquellas creadas luego de 1981. Si se decide lo primero, habrá instituciones del CRUCh que quedarán excluidas; si lo segundo, habrá que explicar por qué un criterio como los años de acreditación resulta relevante para algunas instituciones y no, en cambio, para otras.
El contenido de algunos criterios es, además, opaco. La exigencia de participación, por ejemplo ¿debe incluir a los funcionarios no académicos? ¿Bastará que sea consultiva? ¿Deberá alcanzar a la elección de las autoridades unipersonales? ¿Incluye a los Boards o Consejos? Y el cumplimiento de los criterios ¿se apreciará al momento que la ley entre en vigencia, o las instituciones podrán adecuarse, luego de un plazo, a ellos?
En fin, la medida discrimina entre estudiantes de igual condición socioeconómica: habrá, por ejemplo, gratuidad para quienes asistan al Duoc; pero no la habrá para quienes asistan a Inacap. ¿Qué explica esa diferencia si los estudiantes se encuentran en la misma condición y ambas instituciones se adecuan perfectamente a la ley?
Demasiadas sombras.
Y ellas no derivan de lo reciente del anuncio (como si en el transcurso de los días pudieran disiparse), sino de la falta de claridad acerca de los propósitos que le subyacen.
Lo que ocurre es que el Gobierno anuncia la gratuidad como si estuviera dirigida a los estudiantes; pero mediante ella quiere, en verdad, favorecer un cierto tipo de institución y desfavorecer la existencia de otros. Anuncia un subsidio dirigido a los estudiantes; pero en realidad persigue subsidiar a determinadas instituciones. Lo que el Gobierno persigue es cambiar el subsidio a la demanda por el subsidio a la oferta, alcanzando indirectamente la gratuidad. Eso no tiene nada de malo -es perfectamente legítimo-; el problema es que el Gobierno no lo explicita. Y por eso no satisface ni a opositores ni a adherentes.
¿Qué principios debiera explicitar el Gobierno?
Desde luego, debiera declarar que su propósito es recuperar la fisonomía histórica del sistema de educación superior: provisión mixta, a cargo de instituciones de toda índole, pero con predominancia estatal. Con ese fin, podría agregar, ha decidido: a) tratar de manera preferente a las universidades estatales, y b) estimular que las instituciones privadas satisfagan fines públicos.
Para alcanzar esos dos objetivos simultáneamente -podría continuar la ministra- ha decidido, sobre la base de mantener los aportes directos hoy existentes, incrementar los dirigidos a las universidades estatales (para que al predominar ellas el sistema se regule) y crear un sistema de subsidios a la oferta para las instituciones privadas (con el fin de estimularlas, mediante convenios de desempeño, a que orienten sus actividades hacia la acción afirmativa de sectores desaventajados y la producción de determinados bienes públicos).
Un diseño como ese no presentaría problemas de discriminación; favorecería el acceso gratuito a instituciones estatales y a las privadas que suscriban los convenios; recuperaría lo que fue la trayectoria histórica del sistema de educación superior desde fines del siglo XIX y hasta entrados los años 80; satisfaría las demandas razonables de las instituciones estatales; estimularía la creación de bienes públicos, y sería compatible con la creación de una fuerte Superintendencia y un Sistema Nacional de Acreditación.
Se trata, además, de un diseño que eludiría cometer el error que ya se cometió con el sistema escolar, consistente en que los humos de la retórica ocultaran la claridad de los objetivos.
Carlos Peña
Rector UDP