Dentro del plazo fijado por el ministro Burgos en su reunión del 21 de julio con las cúpulas policiales, y cinco días después de la "cumbre antidelincuencia" que sostuvo con las jefaturas de todas las principales instituciones competentes en esta materia, Carabineros efectivamente dio a conocer un "plan de choque". Su meta más llamativa, y con plazo breve y fijo de cumplimiento, es la desactivación en los próximos 90 días de 24 bandas especializadas en robos, con concentración de arrestos en dichos delitos y en el de receptación, directamente vinculado a ellos. Los operativos se centrarán en la Región Metropolitana y se exigirán resultados -nuevamente dentro de los plazos fijados por Interior-. Se anticipa, además, una meta de desarticulación de 16 bandas, que estará a cargo del OS-7, orientado a la persecución del tráfico de drogas, y otras cuatro que deberá cumplir el Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos, en el mismo plazo.

Asimismo y entre otros, se acelerará una actualización del parte policial digital, de modo que, apenas cerrado un procedimiento policial, automáticamente llegue a la fiscalía el respectivo documento con todos sus anexos (declaraciones, imágenes, observaciones y demás).

Estas metas sorprenden positivamente por su envergadura, su precisión y sus plazos, y hacen pensar que se fundan en información al menos gruesamente disponible por Carabineros con anterioridad, pero a cuyo respecto no se había actuado o podido actuar con rotunda energía por un motivo u otro. Bien cabe imaginar que la institución policial -largamente objeto de desconfianza por parte de ciertos círculos políticos, y que pudo ser percibida como sofrenada por ellos- se sienta ahora con respaldo político del más alto nivel para aplicar en plenitud el rigor de la ley cuando sea necesario. Este empoderamiento debería ser, además, un incentivo para que las propias policías impulsen los indispensables perfeccionamientos internos, por difíciles que resulten inicialmente. Entre ellos, uno esencial -como lo observó la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana- es que "este mecanismo de exigencias de metas medibles en control delictivo no solo se quede en los departamentos especiales de la policía uniformada, como el OS-9 o el OS-7, sino también bajen a la comisaría; es decir, a la unidad local".

En el clima de alta inseguridad pública que hoy sufre la población, este cambio será bienvenido y, en la medida en que las metas fijadas se cumplan -"que se note", según acertadas palabras de altas jefaturas policiales-, eso sin duda incidirá favorablemente en el prestigio de la institución y también en el de las autoridades de gobierno. La experiencia comparada muestra que uno de los factores clave del éxito contra la delincuencia es, precisamente, la actitud de la autoridad frente a esta: el cuadro cambia si se percibe a un gobierno resuelto e irreductible contra la criminalidad.

Con todo, es de recordar que, aun si lo anunciado se logra -lo cual sería encomiable-, no bastaría para mejorar establemente los niveles de seguridad pública. Esto debería ser un primer paso hacia un mejoramiento cualitativo global de nuestro sistema de justicia penal. Obviamente, el Ejecutivo no puede impartir órdenes ni sentar directrices al Ministerio Público ni al Poder Judicial, del modo como lo ha hecho con las policías, que son de su dependencia. A su respecto, una intensiva y constante labor de coordinación, traducida en ajustes administrativos y, eventualmente, legislativos, es indispensable. La instancia institucional para ello existe: la Comisión Coordinadora del Sistema Penal, cuya convocatoria y enérgica utilización sí dependen del Ejecutivo, y que, esperanzadoramente, se ha reunido ya dos veces en el último mes. La ciudadanía espera que pronto comiencen a conocerse los frutos de estos encuentros.