Mediante una modificación legal, el Ministerio de Salud busca que se autorice a la Central Nacional de Abastecimientos (Cenabast) a comprar medicamentos a los laboratorios y distribuirlos entre farmacias independientes de barrio, con los importantes descuentos a los que se accede en las adquisiciones de altos volúmenes. Estas rebajas -que pueden alcanzar hasta un 30% en algunos casos- serían habituales para las grandes cadenas, pero impensables para pequeños establecimientos. Esa iniciativa permitiría a las farmacias de barrio rebajar sus costos y vender esos remedios con precios más bajos y cercanos a los de las grandes cadenas de farmacias. En rigor, esta situación podría detectarse en muchos ámbitos, desde la distribución de alimentos a la ropa y electrodomésticos, y es propia del funcionamiento de una economía libre.

Con todo, el tema interesa a las autoridades de salud por las características sociales de los sectores atendidos por las farmacias de barrio. Aunque esos locales representan del orden del 50% de los establecimientos farmacéuticos, solo venden cerca del 10% de los remedios que se comercializan en el país, pero suelen ubicarse en sectores con poblaciones más vulnerables y/o alejados de los grandes centros urbanos, incluso en comunas en que no están presentes las modernas cadenas farmacéuticas. Así, preocupa al ministerio que esas personas se vean expuestas a pagar precios más altos por muchos de sus medicamentos.

Para resguardar el objetivo de rebajar los precios finales, la propuesta contempla limitar los márgenes de utilidad que puedan hacer las farmacias de barrio en la venta de los medicamentos adquiridos por esa vía a un monto entre 5% y 10%. Previsiblemente, ese aspecto es rechazado por la Asociación de Farmacias Independientes, que propone que, en su lugar, "se fije una banda de precios para toda la industria".

No es claro el desenlace que tendrá esta propuesta, pero la situación parece reproducir las dificultades del diseño de subsidios a la oferta de bienes y servicios, en vez de orientar esas ayudas a las personas que requieren un apoyo social en esa dimensión. Los efectos colaterales y las distorsiones que generan estas intervenciones estatales, independientemente de las intenciones que las animan, suelen subestimarse y no se resuelven necesariamente con un entendimiento entre las autoridades y el gremio de las farmacias de barrio.