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Editorial
Sábado 01 de agosto de 2015
Reserva de testimonios de víctimas
Si bien es importante contar con toda la información para lograr que se imponga la justicia, ello no debiera hacerse sin contar con la anuencia de quienes han sido los más perjudicados por la tortura, sus víctimas...
A raíz del caso de los dos jóvenes quemados en el año 1986, el ministro secretario general de Gobierno ha informado que el Ejecutivo está analizando una iniciativa que pudiera poner fin a la reserva de confidencialidad de 50 años que se estableció respecto de los testimonios entregados a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech. El objetivo sería conseguir que la justicia ubique a los responsables de esa clase de crímenes, puesto que hasta ahora, según se ha comprobado en el caso de los quemados, muchos de ellos han logrado escapar de la justicia. No obstante, existen distintas posiciones respecto de dicha iniciativa, puesto que, de llevarse adelante, el Estado traicionaría la promesa hecha a las víctimas de que se respetaría su privacidad, si ellas así lo preferían, para conseguir que entregaran un testimonio completo.
Las torturas, por su propia naturaleza, procuran humillar a la víctima y tienen consecuencias que van mucho más allá del daño inmediato que provocan, tanto en lo físico como en lo mental. En muchos casos se han documentado efectos de larga duración, que pueden prolongarse por toda la vida de una persona y afectar de este modo también a sus descendientes. En tal sentido, resulta perfectamente válida la decisión del Presidente Lagos, al dictar el decreto que creó la Comisión, de establecer un período lo suficientemente prolongado como para librar a las víctimas que así lo quisieran de tener que enfrentar una vez más esas humillaciones. Muchos, posiblemente, han logrado contar sus experiencias en la íntima confianza que pudieran haber desarrollado con algún profesional y, según lo han relatado algunos de ellos, después de muchos años, solo recientemente lo han revelado a algunos miembros de sus familias nucleares. Por ese motivo, y atendiendo a la solicitud de una persona que no habría estado dispuesta a dar su testimonio en otras condiciones, el Presidente Lagos optó por fijar un período de 50 años de reserva, lo que aseguraba que ya ninguna de las víctimas estuviera con vida como para tener que volver a pasar por la experiencia de humillación que significa revelar el trato recibido.
No obstante, aun así es posible contar con mucha información, puesto que no todos los que sufrieron el horror están tan largamente afectados por lo ocurrido y, posiblemente, habrá muchas víctimas que estarán dispuestas a dispensar esa condición y permitir que sus testimonios se conozcan. Al menos, muchos estarán dispuestos a entregar todos los antecedentes ante los Tribunales. Pero en cambio resultaría muy grave que el Estado de Chile faltara a la palabra que empeñó ante las personas afectadas tan profundamente en su dignidad. Si bien es importante contar con toda la información para lograr que se imponga la justicia, ello no podrá hacerse sin contar con la anuencia de quienes han sido los más gravemente perjudicados por la tortura, sus víctimas.