Siguen sucediéndose las reuniones de las más altas autoridades responsables en materia de seguridad pública, lo cual reconfirma la evidencia de que las fallas en esta materia son una innegable realidad que la población sufre hora tras hora, y no una mera "percepción" o "sensación", como algunas voces lo sostienen.

Lo positivo de esto es que las autoridades están finalmente dando señales de reaccionar y lograr avances, por modestos que parezcan, en el corto plazo, cuatro de los cuales se esbozaron luego de una larga reunión del ministro Burgos con buena parte de los personeros que integran la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, presidida por la ministra de Justicia y que se ha reunido ya dos veces en el último mes, para estos mismos efectos. En ese marco, se anuncian mejoramientos en el parte policial, aspecto que ha estado presente en distintos análisis desde el año 2000, y que se presume debería ser factible para una institución del prestigio de Carabineros. También se busca actualizar el instructivo del Ministerio Público a las policías respecto de las diligencias que deben realizar en las primeras horas tras la comisión de un delito, procurando recabar pruebas judicialmente sostenibles. Se quiere, asimismo, avanzar en la interconexión efectiva de los sistemas informáticos de los órganos del Estado -policías, fiscalías, tribunales, servicios auxiliares del Ejecutivo y demás-, lo que equivale a que opere el banco unificado de datos delictivos del que se habla desde 1995 sin que, hasta hoy, se logre finiquitarlo. En fin, se anuncia un plan de capacitación con jornadas especiales para jueces, fiscales y policías, que eleve el nivel de los procedimientos y contribuya a reducir el número de detenciones declaradas ilegales por imperfecciones formales. Si estos logros cristalizan con eficacia, podrían incidir en disminuir la actual impunidad.

En todo caso, es evidente que la opinión pública, en su angustia frente a la delincuencia cotidiana, creciente en número y violencia, ya ha comenzado a movilizarse. Se extiende una campaña "Juntos contra la delincuencia"; en la noche del mismo miércoles, la protesta del "cacerolazo", que se autodefine como no política, parece haber cobrado mayor intensidad y extensión que la anterior, y mal se la puede caricaturizar como un asunto de élites.

Es preocupante que las personas deban acudir a este tipo de protestas para lograr una acción más decidida de las autoridades frente al prioritario y dramático problema delictivo. Pero lo real es que, tras años de encuestas y estudios técnicos que han sido ignorados por los sucesivos gobiernos, esta movilización ciudadana parece hoy lo único que puede impulsar las profundas y aun estructurales modernizaciones institucionales que se requieren, y que nunca ha habido voluntad política de abordar con la energía indispensable. Es inocultable la descoordinación entre los órganos estatales de esta área, así como el atávico impulso de ellos a centrarse en sí mismos, sin colaborar realmente con los otros, además de su renuencia a evaluaciones externas. Entretanto, las encuestas no hacen sino reflejar una situación de seguridad en severo empeoramiento y que la ciudadanía no se muestra ya dispuesta a seguir sufriendo en silencio.

Con coraje no habitual, el 21 de julio en curso el ministro Burgos impartió instrucciones categóricas a ambas policías en cuanto a mejorar su coordinación, movilizar todos sus recursos y, más aún -y lo más innovador-, anunció evaluaciones quincenales sobre el cumplimiento de las mismas, la primera de las cuales procedería el próximo 4 de agosto, y cuyos resultados cabe suponer que serán dados inmediatamente a conocer. El país quiere ver frutos concretos en esta área para vencer su escepticismo.