Mario Gálvez

Una "profunda autocrítica", como lo reconoció el fiscal nacional, Sabas Chahuán, tuvo la reunión sostenida ayer por todos los actores involucrados en el combate a la delincuencia, ante la creciente molestia ciudadana por la reiteración de ilícitos en distintos puntos del país, en especial los robos, y la elevada sensación de inseguridad.

La jornada, que se denominó "Diseño Operativo Antidelincuencia", se realizó en la sala Andes del Museo de Arte Precolombino y congregó al ministro del Interior, Jorge Burgos; la ministra de Justicia, Javiera Blanco; el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz; el fiscal nacional, Sabas Chahuán; los subsecretarios Mahmud Aleuy y Antonio Frey; el general director de Carabineros, Gustavo González Jure; el subdirector operativo de la PDI, Christian González (el director de la institución estaba en una reunión de Interpol en Argentina); el director de Gendarmería, coronel Tulio Arce, y la directora del Sename, Marcela Labraña, acompañados de sus asesores.

En dos horas y media abordaron todas las deficiencias y nudos críticos que impiden mejorar la persecución penal. Al retirarse del encuentro, el ministro Burgos describió la cita como "una reunión de trabajo concreto, destinada a crear condiciones para poder romper todas aquellas barreras burocráticas o complejas que nos permitan seguir luchando porque las personas de este país puedan sentirse más seguras".

Esta fue la reunión más importante y extensa que se ha realizado este año entre todos los actores del sistema. Algunos asistentes destacaron que hubo sinceridad y lenguaje directo para reconocer las fallas actuales, muchas de las cuales están relacionadas con la no aplicación de protocolos o elementos existentes.

Como por ejemplo, el banco de ADN, que está "despoblado y subutilizado", y que puede ser un elemento valioso al momento de identificar a un delincuente.

O el reproche que hizo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sobre la necesidad de mejorar el intercambio de antecedentes y el diálogo operativo entre Carabineros y la PDI. Recordó que para armas una base de datos sobre armas de fuego, se demoraron meses en el cruce de información entre ambas policías.

Para abordar estos desafíos, se decidió formar un grupo de trabajo integrado por dos profesionales de cada institución (Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Carabineros, PDI, Sename y Gendarmería), que en un plazo de 15 días deberán elaborar un informe de los problemas de gestión, que deben solucionarse con medidas administrativas. Además, se formularon algunas medidas de corto plazo.

Elevada reincidencia

Cada institución hizo su propio diagnóstico de sus problemas y formuló compromisos. Carabineros informó que durante este año han sido detenidas 15 mil personas por robo, de las cuales 7.800 han cometido el delito más de cinco veces. Por ello que es necesario, dijo el general director, Gustavo González Jure, analizar medidas para reducir la reincidencia. Admitió que hay problemas con partes policiales mal hechos, la ausencia de testigos a declarar y la falta de coordinación con organismos auxiliares.

La Corte Suprema se comprometió a analizar cómo se entregan más antecedentes y de forma más rápida a las instituciones que conforman el Banco Unificado de Datos. Aunque su presidente Sergio Muñoz insistió en que son los organismos los que deben ingresar para consultar la base de datos, porque ellos no van a enviarlos. En tanto, el juez de garantía Jorge Sáez aseguró que la actual ley de Responsabilidad Penal Adolescente no funciona.

La PDI también está por mejorar el intercambio de antecedentes y el diálogo operativo con Carabineros. Y el Ministerio Público hizo ver que están en plena organización de las unidades de análisis criminal para rebajar los archivos provisionales, que actualmente alcazan el 46,8% de los ingresos.

El encuentro se realiza en vísperas de una segunda convocatoria a "cacerolazos", programada para hoy, para protesta contra la delincuencia.