Antonia Eyzaguirre A.

Desde 2009, la división Salvador, ubicada a 1.100 kilómetros al norte de Santiago, corre el riesgo de cierre, pero la decisión pudo posponerse ese año por las holguras que permitía el superciclo del cobre. Hoy el yacimiento menos rentable que tiene Codelco enfrenta serios obstáculos desde el punto de vista de los costos y un eventual término de operaciones podría decidirse en marzo. La determinación se tomará el primer trimestre de 2016, cuando la estatal reciba los resultados de los estudios de prefactibilidad de Rajo Inca, el proyecto estructural que pretende extender la vida de la división en unos 40 años.

"Lo que ocurre hoy en Salvador no contribuye en nada a mantener la división", dijo ayer el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, en alusión a la paralización de faenas que tuvo que definir la compañía desde hace una semana en esa división, a raíz de las violentas manifestaciones por parte de trabajadores contratistas que abogan por mejoras en beneficios del Acuerdo Marco de 2013 firmado con las contratistas de la estatal. En este convenio Codelco actuó como facilitador.

Pese a que el yacimiento da trabajo a unas seis mil personas, este requiere de precios del cobre por sobre los US$ 2,45 por libra para justificar sus costos de caja. Pero la realidad ha ido en sentido contrario: esta semana el metal ha marcado valores bajo los US$ 2,40 por libra. Este magro panorama se suma a la paralización de un mes en Salvador por los aluviones del norte.

El conflicto con los trabajadores contratistas se inició el martes 21 de julio, cuando estos se tomaron las rutas de acceso a todas las divisiones de Codelco. Si bien se reestablecieron los pasos en siete de las ocho divisiones el mismo día, la realidad fue distinta en Salvador, donde aumentó la intensidad de la violencia de las movilizaciones, costando incluso la vida al minero Nelson Quichillao.

El acuerdo que buscan mejorar los trabajadores incluye estándares de remuneraciones, mejoras salariales y de calidad de vida, y tiene un costo de US$ 120 millones anuales. Este monto lo pagan las empresas pero, en cierta forma, se traspasa por medio de los contratos a Codelco, dicen cercanos al conflicto.

Los afiliados a la CTC demandan que se negocie la renovación del Acuerdo Marco para desactivar el conflicto. Según lo que ha manifestado Manuel Ahumada, presidente nacional de la CTC, la única forma de solucionar el problema es con una mesa de negociación entre Codelco y esta organización. Sin embargo, fuentes de la minera dicen que si bien están abiertos a conversar, no integrarán una mesa, evitando negociaciones colectivas paralelas.

Doble acuerdo

El conflicto, de una u otra manera, ha pasado por todas las divisiones y ayer afectó durante algunas horas a Chuquicamata, que incluso paralizó faenas, retomándolas luego (ver relacionado). Pero Pizarro no dio su brazo a torcer. El ejecutivo señaló que "en la medida que sea posible establecer un análisis sobre el tema que nos convoca y donde participen las empresas contratistas y las organizaciones sindicales, podemos intentar encontrar formas distintas del modelo que hemos estado aplicando". Agregó que el modelo hoy resulta insostenible porque ha devenido en negociaciones paralelas que para la estatal son imposibles de enfrentar.

Codelco busca que los trabajadores contratistas resuelvan el problema con sus empleadores. Según los análisis legales, ser garantes del convenio no implica ser contraparte en las negociaciones. Ahumada ayer acusó de "tozudez y soberbia" a los altos ejecutivos de Codelco por no querer sentarse con los trabajadores.

Pizarro advirtió que el cobre ha enfrentado una drástica caída y "en esas circunstancias no hay ninguna posibilidad de repetir lo del pasado reciente". Añadió que "el sueldo de Chile se ve apretado".