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Editorial
Miércoles 29 de julio de 2015
Adolescentes ante la justicia
"El reportaje impresiona por diversas razones, pero sobre todo por la crudeza con que se manifiesta la familiaridad de los menores con el delito. La delincuencia es una forma de vida para ellos y quienes los rodean..."
Un reportaje periodístico de "El Mercurio" ha dado cuenta del desarrollo de una jornada de audiencias de control de detención de adolescentes en el Centro de Justicia.
En el artículo, de los 40 detenidos, uno recibió la "pena" de acreditar su permanencia en el colegio; a seis se les prohibió acercarse a la víctima o a la tienda donde cometieron el hurto; otros nueve fueron condenados a realizar tareas en beneficio de la comunidad; uno fue sancionado con multa de un tercio de unidad tributaria mensual, pena que se dio por cumplida, pues equivale a un día de detención. Otros nueve quedaron sujetos a la "vigilancia" del Sename; cuatro quedaron con medida cautelar de firma, y el resto en diversas formas de internación en régimen cerrado o semicerrado. Del total de detenidos, 14 registraban antecedentes de delitos pasados: robos con intimidación y con fuerza, robos por sorpresa, hurtos simples y robos frustrados, receptación, y varios fueron detenidos portando un cuchillo o algún otro tipo de arma.
El reportaje impresiona por diversas razones, pero sobre todo por la crudeza con que se manifiesta la familiaridad de los menores con el delito. La delincuencia es una forma de vida para ellos y quienes los rodean. Entre el público presente en la audiencia se encuentra un niño de 11 años que participó en uno de los robos, pero que la autoridad entregó de inmediato a su familia debido a su corta edad. No es necesario explicar a los menores adónde deben ir a firmar, pues ya tienen costumbre de hacerlo. Otros optan simplemente por no presentarse a menos que sean detenidos. Según explica el juez Juan Manuel Escobar, entrevistado en el reportaje, "la ley de responsabilidad penal adolescente no tiene por objeto castigar al menor, sino socializarlo o resocializarlo". Pero cualquier observador medianamente atento se pregunta entonces si, en la mayoría de los casos, la ley no llega cuando ya es demasiado tarde: ¿es posible resocializar mediante sanciones penales? Si lo fuera, ello demandaría un esfuerzo enorme en términos de recursos humanos y materiales: ¿se acerca el Sename, en alguna medida, a lo que se requeriría para resocializar a los menores delincuentes?
También impresiona el trabajo de los abogados defensores, que en ocasiones parecen encarnar la caricatura del letrado ocurrente y formalista. Se recurre profusamente a los argumentos basados en la redacción del parte policial o en las palabras escogidas por el funcionario; se sostiene que quienes estaban colocando miguelitos en la calle podrían haber estado participando en una marcha y no en el robo del cajero automático que tenía lugar unos metros más allá; se afirma que el parte habla de cuchillos, pero no de que los detenidos portaran cuchillos; que quien tiene en su poder el celular sustraído no llevaba un destornillador para intimidar a la víctima, sino para reparar algún desperfecto, etc. Tal vez sea indispensable que el tribunal analice esta clase de argumentos antes de tomar cualquier decisión. Pero quizás también se requiera una mayor responsabilidad en el ejercicio de la defensa. Una buena defensa exige plantear argumentos que cuenten con sustento en los antecedentes disponibles, y que no obliguen al tribunal a explicar con detalle consideraciones de sentido común. El juez entrevistado admite que "a lo mejor habría que darles un poco más de atribuciones a las policías" para impedir, entre otras cosas, que se declaren ilegales las detenciones por motivos baladíes. La lectura del reportaje sugiere que esto podría ser innecesario si los procedimientos policiales fueran algo más prolijos, pero especialmente si se litigara con mejores argumentos.