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Editorial
Lunes 27 de julio de 2015
Drogas, sin definición del Ejecutivo
No caben en esto golpes de mera intuición o voluntarismo, ni indefiniciones vagas para no irritar a un grupo u otro...
Una reciente medición que investigó a 5.582 trabajadores en 102 empresas de distintos rubros en horario laboral muestra que uno de cada diez de ellos consume drogas, y de entre estos, la mayoría (55,3%) fuma marihuana, seguida por benzodiazepinas (23%) y cocaína (13%); el 8% mostró un consumo combinado de marihuana y cocaína. Es un porcentaje alto. Independientemente de la posición que se adopte frente a la despenalización de la droga, parece existir consenso entre los especialistas en cuanto a que, por definición, todas las drogas, legales o ilegales, alteran el sistema nervioso central y, por ende, los sentidos y capacidades de las personas. Siendo así, lo racional es esperar que los colegisladores empleen extrema prudencia en sus decisiones en un sentido u otro. Más aún, es exigible y urgente que el Gobierno informe con toda claridad a la ciudadanía sobre cuál es su política al respecto -¿permisiva, prohibitoria, indiferente?- y cuáles son las razones en que la funda.
Obviamente, quienes están en contra advierten que la permisividad induciría a un aumento del consumo, especial y más nocivamente entre jóvenes de juicio poco maduro, recordando, entre otros, que el más reciente estudio de Senda muestra que su consumo por escolares se duplicó entre 2012 y 2014. Las sociedades médicas de Chile, el Colegio Médico y la Academia de Medicina, en inusual declaración conjunta, han expresado profunda preocupación ante esta alarmante alza de su consumo.
Resulta evidente que, mientras no se cuente con una efectiva estrategia nacional de prevención y educación en torno al consumo de drogas, es muy arriesgado aprobar una ley que facilita el acceso a la marihuana. No caben en esto golpes de mera intuición o voluntarismo, ni indefiniciones vagas para no irritar a un grupo u otro. Un ejemplo de claridad prohibitoria se observa respecto del tabaco, a cuyo respecto la severidad se incrementa hasta extremos que pueden carecer de todo asidero, como la de proscribir su consumo en las playas, por ejemplo, aduciendo siempre motivos de cuidado de la salud.
En abierta incongruencia con esto, la Cámara de Diputados ya ha aprobado en general un proyecto de ley que despenaliza el autocultivo y el consumo privado de marihuana con fines medicinales -materia que los científicos aún no han esclarecido- y también recreativos -algo que, sin embargo, se condena enconadamente respecto del tabaco-.
La definición por el Gobierno frente a esta política pública es indispensable, pues el proyecto referido debe ahora continuar su tramitación legislativa, impulsado entusiastamente por un grupo de parlamentarios. Sin embargo, dada la incontrarrestable preeminencia del Ejecutivo en ese proceso, ni partidarios ni adversarios de la referida despenalización saben a qué atenerse, y se está en espera de las indicaciones que él resuelva enviar.