Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y organizaciones que sustentan nuestra democracia, y también en el mundo empresarial, depende de cómo y cuánto se avance en la agenda de probidad, una agenda que por su propia naturaleza es compleja.

Es compleja, porque abarca gran diversidad de temas, como la transparencia, el financiamiento de la política y la regulación de los negocios. Se trata de cambios normativos, proyectos de ley e indicaciones que necesitan de la coordinación de distintos ministerios, además de su discusión en el Congreso. Por ejemplo, las propuestas del Consejo Anticorrupción requieren de iniciativas de los ministerios políticos y de Hacienda, y también de Defensa, Economía, Educación, Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo.

También es compleja porque significa avanzar en medidas que resultan a lo menos incómodas: exigen estándares más altos de probidad y transparencia que los actuales y, más importante, implican ceder poder y privilegios.

Un ejemplo ilustrativo es la reinscripción de los militantes de los partidos políticos. Depurar las listas de militantes es esencial si los partidos recibirán financiamiento público. Pero la aparente resistencia de los partidos llevó a que el proyecto de ley apenas exija la reinscripción de un número de militantes equivalente al 0,25% de quienes votaron en la última elección de diputados. Esto es, a nivel nacional se exige reinscribir apenas a unas 17 mil personas por partido, siendo que algunos registran más de 100 mil militantes.

Por supuesto, la medida significa costos de corto plazo para los partidos. Pero dado el mal ánimo de la ciudadanía hacia la política, los costos para la democracia de resistirse pueden ser aún mayores. De no elevar las exigencias, será natural que se cuestione la legitimidad del financiamiento público a los partidos.

Otro ejemplo es el funcionamiento de las comisiones de Ética en el Congreso. Varios diputados y senadores han sido cuestionados por mal uso de fondos públicos, financiamiento irregular de campañas y por no inhabilitarse de votar en temas en los que tienen intereses personales. Pero las comisiones parecen no tener mucho que decir al respecto. Incluso, en un evidente conflicto de interés, el presidente de la comisión del Senado, en su rol simultáneo de presidente de un partido, defendió en los medios a un senador de su partido que está siendo investigado por el posible delito de cohecho.

La credibilidad de la agenda también depende de cómo se avance en ella. Ha habido una multiplicidad de iniciativas, en buena parte positivas y que han recogido propuestas del Consejo Anticorrupción. Pero en ocasiones estas son opacadas por la falta de sintonía con la demanda por una democracia sólida que a veces parecen tener quienes nos representan.

La discusión sobre la reelección de parlamentarios, completamente simbólica una vez reformado el sistema electoral, se hizo con letra chica. Y a pesar de lo ilegítima que hoy resulta la influencia del dinero en nuestra democracia, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó una indicación que introdujo el financiamiento de las empresas a los partidos. Esta habría pasado inadvertida si no fuera por el seguimiento cercano que una organización de la sociedad civil, la Fundación Ciudadano Inteligente, ha hecho de la discusión de esta ley.

En la misma línea, en el contexto actual cuesta entender la remoción de la vicepresidencia del Senado de Alejandro Navarro. En mi opinión, el senador se equivoca al pedir que los parlamentarios electos transparenten los aportes que recibieron de manera reservada. Esos aportes fueron legales, y nadie, por ley, puede revelarlos. Pero a ojos de la ciudadanía, la censura a la sugerencia de transparencia de Navarro es exagerada. Haría bien revelar de una vez todas esos otros aportes que se obtuvieron de las empresas, que se usaron para financiar campañas y se percibieron a través de familiares, asesores y fundaciones relacionadas. A esta altura, hace mucho más daño que sigamos enterándonos de boletas casi por goteo a través de los medios.

En junio del año que viene se celebrarán las primarias para elegir alcaldes. Esta fecha pone premura al menos a las reformas a los partidos, el financiamiento de la política y el Servicio Electoral. Esta será la primera evaluación de la agenda de probidad. Sus avances reales y efectivos se medirán en esa ocasión según cuán competitivas sean estas próximas elecciones, cuán acotado sea el gasto electoral y cuán transparente su financiamiento.

Andrea Repetto
Universidad Adolfo Ibáñez y Espacio Público