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Editorial
Martes 07 de julio de 2015
Crecimiento de la seguridad privada
El crecimiento de la seguridad privada busca suplir una falla del Estado central y sus instituciones competentes...
Asombro causan las cifras que ha sido posible recolectar sobre seguridad privada en Chile. Según ellas, los guardias privados han aumentado 41,1% entre 2010 y 2015, superando actualmente las 94 mil personas. Esto, sin considerar a los vigilantes privados (autorizados para portar armas y regidos por un estatuto especial para la protección y seguridad interior de edificios, oficinas, recintos de empresas y similares, así como custodia y transporte de valores), cuyo número subió en 19,7% entre los mismos años, y alcanza a casi 9 mil. Son magnitudes que, al parecer, gruesamente se acercan a duplicar los efectivos de Carabineros, que serían unos 49 mil (se desconoce su dotación exacta) y equivalen a unas 8 veces los de la PDI (que serían unos 12 mil).
Desde el punto de vista del empleo, es un rubro no desestimable. En cuanto a recursos, un estudio de Libertad y Desarrollo calculó que el gasto privado contra la delincuencia llegó en 2012 a US$ 2.177 millones, aumentando en 147,6% respecto de 2000. En 2015 debe ser todavía más cuantioso, así sea por el solo incremento de personal. En cualquier caso son recursos que el sector privado debe restar de otras actividades más productivas para el país.
Existe una natural arista política: los municipios saben que -como lo muestra la experiencia mundial al respecto- la percepción de la población local de la seguridad en su respectivo territorio incide en sus probabilidades electorales y reelectorales. Las autoridades edilicias, pese a carecer de atribuciones constitucionales y legales en materia de seguridad, de hecho están sujetas a fuertes expectativas y demandas de su población local, y comprensiblemente sienten que es su deber no ignorarlas y tratar de atenderlas en la medida de lo posible.
Lo más sustancial es la evaluación de todo lo anterior desde la perspectiva de sus resultados. ¿Incrementa esta industria privada la seguridad de quienes la costean? Caben interrogantes. En su favor puede sostenerse que a una población fuerte y crecientemente atemorizada por la delincuencia, ella le brinda la sensación de que está recibiendo una forma de ayuda, que al menos puede acelerar el aviso a las policías y, quizás, marginalmente actuar como disuasivo en algunos casos. Eso tiene cierto valor: la calidad de vida es inversamente proporcional al miedo.
Sin embargo, no son halagüeños los datos de la Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros respecto de cuatro comunas con recursos superiores al promedio nacional y considerable seguridad privada. Entre 2014 y 2015, en Vitacura (37ª Comisaría), los delitos violentos aumentaron 14% (de 311 a 353), y aquellos contra la propiedad en 13% (de 1.715 a 1.944). En Las Condes (17ª y 47ª Comisarías), 5% (de 684 a 716 casos) y 2% (de 4.385 a 4.487 casos), respectivamente. En Lo Barnechea, 41% (de 245 a 345 casos) y -2% (de 1.233 a 1.206 casos), respectivamente. En Providencia, los porcentajes bajan (-12% y -3%), pero las cifras totales son muy altas (1.301 vs. 1.228 delitos violentos, y 4.949 vs. 4.794 delitos contra la propiedad). Se ignoran las fluctuaciones de la cifra negra, esto es, casos que no se denuncian, que serían indispensables para dibujar un cuadro más preciso de la realidad delictiva en cada una.
El crecimiento de la seguridad privada parece llenar un vacío: el Estado y sus instituciones competentes no logran transmitir confianza respecto de que estarían adecuadamente resguardadas la vida, la integridad física y psíquica, la propiedad de la población, y esta apela a recursos propios en el intento de suplir esa falla. La responsabilidad no es de las empresas privadas de seguridad -que cuentan entre sus empleados a una porción significativa de personal policial en retiro, y que están sujetas a la acreditación y fiscalización por Carabineros-. Con pragmatismo, países avanzados como el Reino Unido les han reconocido jurídicamente la calidad de órganos coadyuvantes de las policías.