La reforma educacional suscita un gran rechazo en la población y muy bajos niveles de aprobación, según registran las encuestas de opinión. A ese juicio contribuyó la ley que puso fin al lucro, la selección y el copago, la que fue rechazada por la población, posiblemente como consecuencia de su mal diseño y nula capacidad de elevar la calidad y la equidad de la educación chilena. Es indudable que también han contribuido a esta visión las dificultades mostradas por el Gobierno para gestionar el proyecto de ley de carrera docente. Su necesidad es reconocida por todos los sectores y a grandes rasgos ese proyecto fue transversalmente bien recibido. Por cierto, con distintas observaciones que se podían reparar en el trámite parlamentario.

Sin embargo, sufrió un fuerte rechazo del gremio docente, a pesar de que en su elaboración este fue un interlocutor privilegiado. Las disputas internas por las que atraviesa el Colegio de Profesores han explicado, en parte, este rechazo, aunque también la falta de decisión del Ejecutivo para defender su proyecto ante la opinión pública. Lograr una buena ley en este ámbito es quizás el principal desafío de la nueva ministra de Educación. Sin una carrera que logre atraer, recompensar y motivar a profesores efectivos es muy difícil elevar la calidad de la educación escolar. Su diseño no es fácil, ya que existen muchos precedentes internacionales de iniciativas que aumentaron las remuneraciones y beneficios de los docentes, pero que no tuvieron impacto en los aprendizajes de los estudiantes.

La aspiración a establecer un vínculo entre ambas dimensiones es precisamente la que ha producido un conflicto entre la autoridad y el Colegio de Profesores. La nueva ministra no puede renunciar a mantener esa conexión, que después de la propuesta realizada por la Comisión de Educación de la Cámara y acogida por el anterior ministro, ha quedado muy debilitada. Ahora que se han reanudado las conversaciones en una mesa tripartita -Ejecutivo, Parlamento y Gremio-, es importante que se logre un proyecto que signifique no solo mejoras en remuneraciones, sino que también sea acompañado de exigencias para los docentes, acordes con la inversión que el país está haciendo en este ámbito.

Íntimamente relacionado con esta iniciativa se encuentra el proyecto que reorganiza la educación pública. El cuestionamiento permanente que ha recibido la municipalización, a veces exageradamente, sobre todo por sectores afines al oficialismo actual, ayuda muy poco a crear confianza en este subsistema educacional. Ahora bien, en ausencia de un modelo sólido alternativo, parece importante plantear un sistema de pasos graduales que quizás, en una primera etapa, produzca un arreglo para los municipios que se quieren desprender de la educación pública y que para el resto establezca modificaciones institucionales que la aíslen de una gestión política y que, en cambio, dirijan el foco hacia la gestión pedagógica. Si no se avanza de esta manera, es poco probable que se pueda consensuar una organización de la educación pública que sea razonable. Tanto la primera administración de la Presidenta Bachelet como la del Presidente Piñera enviaron proyectos en esta materia que no registraron avances.

La ambiciosa agenda en educación superior que anunció el Gobierno ha ido quedando postergada y no parece oportuno crear una nueva fuente de controversia. La primera parte del anuncio de gratuidad ya fue improvisado y generó mucho rechazo. La ministra ha sugerido que al respecto debe entregarse un calendario que reduzca incertidumbres respecto de cómo se va a abordar este compromiso. Pero es fundamental que más bien se moderen expectativas. Pensar que se puede cambiar fácilmente y en plazos breves la actual fisonomía del sistema de educación superior es una utopía. Una solución de compromiso es que el Gobierno se comprometa con los elementos mínimos de su programa en este ámbito: gratuidad para el 70 por ciento de menores ingresos y un nuevo marco regulatorio que respete la diversidad de instituciones de educación superior que caracteriza al país.