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Lunes 06 de julio de 2015
Proyecto del Gobierno propone casi duplicar pena máxima de cárcel en casos de corrupción
Se plantea pasar del presidio medio al medio máximo, es decir, de 541 días a tres años a un castigo que podría llegar a los cinco años de cárcel. La comisión de Constitución iniciará la discusión.
Rienzi Franco
La Presidenta, Michelle Bachelet, envió al Congreso el proyecto de ley que sanciona la corrupción. Se propone pasar del presidio medio al medio máximo, es decir, de 541 días a tres años a una sanción que podría llegar a los cinco años de cárcel.
Esto último es parte del contenido de la iniciativa que busca tipificar el delito de corrupción entre particulares e introduce modificaciones a disposiciones del Código Penal. Esta propuesta pasó a ser discutida sin urgencia legislativa en primer trámite en la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
La iniciativa forma parte de la denominada "Agenda de Probidad y Transparencia" que impulsa el Ejecutivo y está orientado a "impedir el tráfico de influencias, los conflictos de interés y la corrupción en la política y en los negocios", se lee en el proyecto que también fue parte de los anuncios de la cuenta pública presidencial del pasado 21 de mayo.
Precisamente, algunos de los cambios al artículo 240 del Código Penal no solo apuntan a la reclusión. También se propone "inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del tanto al duplo del valor del interés que hubiere tomado en el negocio".
Este castigo, dice el proyecto, está dirigido a empleados públicos, liquidadores comerciales, peritos, el albacea y el administrador de un fideicomiso ciego que sean condenados. También se incorpora una modificación en orden a considerar agravante si los involucrados logran obtener el beneficio perseguido mediante ilegalidad. En tal caso se pasará del presidio menor en grado mínimo a la reclusión menor en su grado mínimo a medio.
Otro aspecto en el que innova esta propuesta es en la creación del delito de corrupción entre particulares. Es así que para el director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa que solicite o reciba un beneficio económico con infracción a sus deberes u obligaciones se expone a una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y una multa que cuadruplica la ventaja obtenida.
Este delito, según expresa el texto, se incorpora por primera vez en la legislación, "siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y las tendencias más modernas del derecho comparado".
Debate
Se espera que en los próximos días esta propuesta comience a ser debatida en la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Así lo explicó el presidente de la instancia, diputado PS Leonardo Soto, quien agregó que durante la discusión de este proyecto se espera oír las exposiciones de abogados penalistas y expertos en derecho administrativo para que los integrantes de la comisión se ilustren sobre la propuesta antes de poner en tabla la votación en general de la iniciativa.
Para concordar la urgencia que le pondrá el Ejecutivo a esta iniciativa, Soto se reunirá hoy con el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre.