El directorio de Codelco -liderado por el economista Óscar Landerretche- aprobó recientemente un paquete de medidas destinadas a elevar los estándares de gobierno corporativo en todos aquellos aspectos relacionados con la transparencia y la probidad.

En términos generales, las principales iniciativas anunciadas contemplan un aumento del número de personas que realizarán declaraciones de intereses y patrimonio, una mayor regulación y control en contratos con personas relacionadas y conflicto de intereses, restricción y regulación de regalos y atenciones, regulación del lobby y una normativa más exigente para la contratación de personas políticamente expuestas.

El anuncio se hace un mes después de la renuncia del ministro Insunza, tras conocerse las millonarias asesorías realizadas a la empresa y diversos antecedentes que dan cuenta de otros importantes pagos a personas de figuración política, sin que parezca evidente la necesidad de la empresa de contar con esos informes.

En este sentido, el conjunto de medidas anunciadas -que intervienen sobre las relaciones comerciales, el lobby y los procesos de administración de personas- son oportunas y dan confianza en que se están tomando medidas para evitar que situaciones como las denunciadas ocurran en el futuro. Al mismo tiempo, fijan un estándar para el resto de las entidades públicas que debe ser emulado en el corto plazo. Y así se advierte en la controversia abierta por dirigentes sindicales en contra de similares normas adoptadas en otra relevante empresa pública como es Enap.

Sin embargo, si bien las medidas son correctas y pese a que se establece que la empresa contará con un mecanismo para monitorear su cumplimiento, es clave que exista una real garantía de que ello sea así. Hay que recordar que la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco aprobada en 2009 ya contemplaba "elevados estándares de transparencia y probidad", y los hechos están demostrando que o no fueron suficientes o no fueron acatados.

Codelco actualmente es regulado y fiscalizado por diversas instancias que revisan el cumplimiento de los compromisos de la empresa y su apego a la normativa vigente. Sin embargo, su nivel de autonomía respecto a su dueño (el Estado) y de accountability por parte de la ciudadanía sigue siendo bajo. Parte de ello responde a un problema de gobierno corporativo -cuyas medidas anunciadas, si se cumplen, ayudarán a paliarlo-, pero otra parte a algo más estructural, que es propio de las empresas públicas y que dice relación con la falta de presencia efectiva de dueño. Con el objeto de sanear ese aspecto, algunas empresas públicas de primer orden mundial incorporan -aunque sea con carácter minoritario- al sector privado en un porcentaje de su propiedad, lo que no se plantea en el caso chileno.