Como muchos países en vías de desarrollo, Chile tiene una larga historia de lento progreso y elevados niveles de desigualdad. Si bien no hay registros históricos con datos confiables sobre la desigualdad en nuestra sociedad, todo indica que, con fluctuaciones, se habría mantenido en niveles elevados en los últimos cien años. En el mismo período, el desempeño en ingreso per cápita de la población también ha sido más bien modesto. Solo en las últimas tres décadas se habría comenzado a revertir la tendencia divergente que teníamos en esta materia con respecto a las naciones más desarrolladas, acortando la brecha con esos países.

Son diversas las causas detrás de esta realidad, pero una importante es la captura de la política pública por distintos grupos de presión. Los ejemplos son numerosos; desde los elevados niveles de protección efectiva del que gozaban algunas industrias hasta un sistema de pensiones que beneficiaba a grupos específicos en desmedro de amplios sectores poblacionales, pasando por un sistema de educación superior que acogía en los 60 a poco más de 50 mil jóvenes con un gasto público que llegaba a 1,5 por ciento del PIB, mientras la cobertura en educación secundaria apenas llegaba al 20 por ciento de la población.

En casi todos estos casos era posible establecer un nexo entre sectores políticos y grupos de interés particular. Por eso son tan complejas las vinculaciones que en su momento estableció la actual coalición oficialista con los movimientos sociales que, en su inmensa mayoría, están formados por grupos con motivaciones muy específicas que no necesariamente están alineadas con el interés general. Hemos visto la consecuencia de este trato privilegiado en la negociación con el Colegio de Profesores. Ello también se ha hecho presente en el proyecto de reforma laboral a propósito de la preponderancia que se le dio a la CUT en la preparación del mismo. Ahora los gremios de la salud comienzan a exigir su parte en esta asociación.

Estos grados de connivencia son particularmente injustos para la población que termina pagando directa o indirectamente los costos que significan las concesiones que se les otorgan a estos grupos.

El mayor riesgo para el buen funcionamiento de la economía y la democracia no es el debate en torno a distintas visiones de sociedad, sino que disfrazado en este se cuele el corporativismo en el diseño de las instituciones y políticas públicas que el país va legislando. Este riesgo está mucho más presente de lo que el Gobierno parece dispuesto a reconocer. Sin embargo, ha llegado el momento de ponderar debidamente este compromiso erróneo para la población.