En medio de la controversia provocada por los casos de financiamiento irregular de la política que se investigan, la Superintendencia de Valores y Seguros se ha visto obligada a aclarar que no encuentra nada ilegal en el hecho de que las sociedades anónimas abiertas hayan efectuado aportes a campañas políticas por la vía que al efecto dispone la ley electoral, lo que ha sido objetado por accionistas minoritarios. Como se sabe, dicha ley establece un mecanismo de aportes a campañas, limitados y reservados, a fin de prevenir su abuso con fines de soborno o de extorsión.

Sin embargo, el debate político sobre el tema continúa subiendo de tono. El senador Navarro publicita la nómina de los senadores que recibieron aportes reservados en la elección pasada, como si ello hiciera presumir corrupción, y sus indignados colegas -de gobierno y oposición- lo destituyen de la vicepresidencia de esa corporación. La Comisión Engel, en fallo dividido, propone prohibir los aportes de empresas a la política, y el Gobierno envía un proyecto de ley que lo prohíbe, pero referido solo a las campañas. Una indicación parlamentaria intenta regular tales donaciones a los partidos, fuera de campaña, limitando su monto, pero ante la indignada reacción de, entre otros, el propio Engel, sus promotores deben admitir que fue un error. La Presidenta Bachelet -cuya campaña se benefició de abundante financiamiento de empresas- declara que en Chile "ya no hay espacio" para ello. La secunda el ex Presidente Lagos, bajo cuyo gobierno se aprobó la ley objetada.

Desde luego, hay que asegurar que los aportes de las empresas a la política verdaderamente responden a la voluntad de sus socios, expresada mediante sus órganos de gobierno corporativo. Tales requisitos pueden dificultar el aporte de parte de sociedades abiertas, pero no así el de sociedades personales o familiares. También deben ser cuidadosamente regulados los aportes empresariales para prevenir su abuso con fines de extorsión o soborno.

No hay, sin embargo, buenas razones para prohibir toda contribución de las empresas a la política. Por algo se usan en la enorme mayoría de las democracias. Es perfectamente válido que, en ejercicio de su libertad, ellas -así como otras organizaciones civiles, hoy injustamente privadas de ese derecho, tales como los sindicatos- estimen que, al efectuar aportes, cumplen con su deber de "responsabilidad social". Es también válido que consideren está en su interés particular que los asuntos públicos se traten inteligentemente y cuenten con los recursos para ello. Por supuesto que no se plantea que empresas comerciales devengan en actores políticos, sino que proporcionen medios para que los ciudadanos ejerzan de mejor forma sus derechos políticos. Su contribución en este campo es enteramente equivalente a sus donaciones con fines educacionales, culturales o sociales: tampoco se espera que las empresas ejecuten esas obras, tan solo que las hagan posibles.