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Editorial
Viernes 03 de julio de 2015
Donaciones de empresas
Transparentar la información puede ser un avance necesario. Terminar con las donaciones de las empresas -a las más variadas causas-, un retroceso invaluable...
La controversia que se ha generado a propósito de los aportes irregulares que algunas compañías hicieron para financiar la política ha puesto un cierto manto de duda sobre la contribución que puedan efectuar las empresas en ámbitos diversos a los propios del giro de su negocio.
La muestra más palpable de ello es la reciente querella criminal interpuesta por dos abogados en contra de más de 90 directores y gerentes de nueve empresas, a los que acusan de haberse apropiado ilegalmente de fondos de sus empresas. Si bien la querella es a propósito de las donaciones políticas, el argumento de fondo es que el uso de recursos fue para fines que no tienen que ver con el giro y que fue realizado "a costa de los bolsillos de los accionistas minoritarios".
Más allá del ejemplo anterior, respecto del cual la propia Superintendencia de Valores y Seguros descartó que vulnerara los intereses de los accionistas minoritarios, ha sido evidente la reacción de muchas empresas en cuanto a cortar ayudas, apoyos y patrocinios a actividades que no sean estrictamente propias del giro de su negocio o que no estén dentro del marco de la ley de donaciones. Un ejemplo de ello son los centros de estudios, los que han visto mermados sus ingresos, pese a la enorme contribución que hacen -más allá de sus posturas- al debate de las ideas en nuestro país.
Son muchos los ejemplos de empresas chilenas que han sido grandes aportantes a diversas áreas, tales como la superación de la pobreza, la educación y la cultura. Esos aportes han sido previos incluso a la masificación del concepto de Responsabilidad Social Empresarial y muchos de ellos se han canalizado al margen de cualquier exposición pública.
El problema de las donaciones políticas ilegales es que ellas fueron hechas al margen de la ley y aparentemente al margen del conocimiento de los directores. Sin embargo, esta circunstancia no puede inhibir que esas y otras empresas puedan seguir aportando al país de forma filantrópica -aunque ello no signifique necesariamente un rédito reputacional-, ya que de ello se desprende un valor social invaluable, como es el materializar una función social de las empresas.
Por cierto, hay espacio para perfeccionar ciertas prácticas y regulaciones. Por ejemplo, es fundamental que los directores estén en conocimiento de todas las donaciones que se realizan, y un paso relevante sería que los accionistas puedan acceder a esa información. De esta forma, una práctica deseable sería introducir en la Ley de Sociedades Anónimas el que todas las empresas en su junta ordinaria informaran de aquellas donaciones que no son propias de su giro de negocio y que no tienen beneficios publicitarios evidentes (y que estén sobre un monto determinado). Esa información también debiera incluir, independientemente del monto, a todas las personas políticamente expuestas y que pudieran generar un riesgo reputacional a la empresa.
Transparentar la información puede ser un avance necesario. Terminar con las donaciones de las empresas, un retroceso invaluable.