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Editorial
Jueves 02 de julio de 2015
Investigación sobre falsos exonerados
"Si se constatare un proceder abiertamente descuidado por parte de un funcionario público, ello debería dar lugar a responsabilidades administrativas, políticas o incluso patrimoniales..."
La investigación de las estafas al fisco cometidas por falsos exonerados políticos ha seguido su curso a cargo de la ministra de la Corte de Santiago doña Mireya López, designada por la Corte Suprema con dedicación exclusiva para estos procesos hasta fines de este año. De los aproximadamente 18 mil casos, solo tres han concluido mediante sentencia condenatoria y, hasta el momento, solo una de estas sentencias se encuentra firme, mientras que en los otros todavía hay recursos pendientes. Recientemente ha trascendido, además, que cerca de seis mil casos fueron sobreseídos por muerte del supuesto exonerado, o porque la ministra ha considerado imposible establecer la existencia de un delito. Los otros seis mil casos, aproximadamente, fueron transferidos a la Fiscalía Centro Norte de Santiago, ya que las conductas fraudulentas se habrían cometido con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal.
Por lo tanto, de aquí a fines de año la ministra López tiene la tarea de investigar y eventualmente fallar los seis mil casos que se mantienen bajo su competencia. Para esto ha citado a prestar declaración a numerosas personas, entre ellas diversos políticos y funcionarios de alto nivel, como el senador Carlos Montes o el integrante del Consejo de Defensa del Estado Carlos Mackenney, quienes respaldaron la asignación de pensiones a exonerados que presuntamente no habrían tenido derecho a ellas. La posición de estos personeros parece ser, en todo caso, sencilla desde el punto de vista penal, pues es previsible que se limiten a señalar que si hubo alguna irregularidad, ella solo es imputable a la presentación de antecedentes falsos por parte de los mismos interesados. Sin embargo, aunque el derecho penal no persigue en este ámbito las faltas de diligencia, parece razonable que si se constatare un proceder abiertamente descuidado por parte de un funcionario público, ello debería dar lugar a responsabilidades administrativas, políticas o incluso patrimoniales.
Aunque no hay razón alguna para dudar de la prolijidad y eficiencia con que ha trabajado hasta ahora la ministra López, parece conveniente que esta causa de evidente contenido político sea llevada con los estándares más altos de transparencia que admite el antiguo sistema procesal penal. En el mismo sentido, será interesante observar el contraste respecto de los seis mil casos que ahora han pasado a la competencia investigativa de la Fiscalía Centro Norte. El procesamiento en paralelo de un número similar de causas muy parecidas entre sí permitirá comparar la eficiencia y transparencia de ambos sistemas. Cualquiera sea el término que finalmente tenga cada uno de los procesos es clave para el futuro que las conductas de aprovechamiento indebido de beneficios, especialmente cuando podrían estar entrelazadas con formas corruptas de clientelismo político, salgan a la luz y sean sancionadas como corresponde.