Adriana Delpiano asume en un momento particularmente complejo para la cartera. Pese a que el Gobierno ha declarado como un objetivo central de su gestión el fortalecimiento de la educación pública, hasta ahora no ha contado con una estrategia convincente para avanzar hacia esa meta. La ley que terminó con el lucro, la selección y el financiamiento compartido se presentó como necesaria para configurar un marco regulatorio que permitiese a la educación municipal o a su heredera desarrollarse en condiciones de igualdad. Sin embargo, muchos temen que pueda promover un vaciamiento aún mayor de las aulas municipales.

Desde esa perspectiva, la carrera docente representa no solo una oportunidad para atraer, recompensar y retener a buenos maestros, tarea que el actual estatuto no está logrando, sino que también es una pieza clave en el fortalecimiento de la educación pública. Es fundamental, entonces, destrabar el paro y legislar una carrera docente que permita que los recursos destinados a ella efectivamente se traduzcan en una educación de mejor calidad, lo que no sucederá si se acogen todas las demandas de los profesores.

Los principales expertos indican que se puede avanzar en la búsqueda de una solución de compromiso -sin retirar el proyecto del Congreso- que establezca un equilibrio razonable en varias dimensiones. En primer lugar, una aceptación de que el desarrollo profesional docente debe estar vinculado a los aprendizajes de los estudiantes; que este desarrollo debe estar abierto a todos los profesores con una oportunidad más o menos equivalente y, por tanto, debe haber un sistema de formación continua de alta calidad; que la transición sea gradual, porque un sistema de ese carácter no es inmediato; que los instrumentos para verificar el vínculo entre aprendizajes y efectividad docente sean diversos y comprehensivos, y sujetos a una revisión permanente con participación de los docentes, y finalmente ajustes habituales en sus perfiles remuneracionales acordes a los de profesiones alternativas.

La nueva ministra conoce también la realidad de los gobiernos locales y su experiencia puede ayudar a definir un arreglo institucional definitivo para la educación estatal. Sería muy cuestionable que una transformación organizacional mal pensada termine por sepultar esta educación. La libertad de elección que privilegia el modelo educativo chileno se legitima y potencia si todos los prestadores están en posición de ofrecer una educación de calidad. Un diseño excesivamente centralizado puede entorpecer este propósito. De nuevo se requiere un equilibrio; que incluya participación de los gobiernos locales y de las distintas comunidades educativas, pero que ponga atajo a la excesiva politización que en algunos casos afecta a los municipios. Se requieren organizaciones participativas, descentralizadas y muy profesionales en la gestión de la educación estatal.

Por último, es indispensable sincerar la situación en educación superior, respecto a que no hay en estos momentos un modelo apropiado para avanzar en gratuidad. Este problema trasciende la disponibilidad de recursos. Por una parte, las instituciones han hecho ver que los modelos esbozados para definir los aranceles de cada casa de estudios son apenas exploratorios. El riesgo que soluciones improvisadas significan para la educación superior es demasiado alto. Por otra, el marco regulatorio aún es desconocido y se evalúan alternativas que no parecen estar alineadas con la diversidad de instituciones que actualmente existen en nuestro sistema de educación superior y que es propio de uno de carácter masivo. Así, corresponde avanzar con mucha más gradualidad de la que se pudo haber pensado originalmente.