Durante años muchos hemos defendido a la Universidad de Chile, alma máter de la institucionalidad republicana y del sistema universitario nacional. Sus persistentes ahogos financieros y el obligado autofinanciamiento ante un presupuesto estatal que no alcanza a más del 15% del gasto, han desfigurado a la institución. Aunque el Fondo Central Presupuestario de la Universidad está en equilibrio, y siendo saludable que la Universidad genere recursos propios para muchas de sus actividades, la alta dependencia de condiciones de mercado la ha alejado de ser la institución nacional y pública que es por esencia. Además, nuestra primera universidad se ha convertido, por las políticas empleadas, en un servicio público más, con escaso diseño "nacional y público" como plantea su misión, y sin la debida autonomía de gestión.

Durante años se ha insistido en que las reglas y el mecanismo de financiamiento deben revisarse para optimizar su aporte nacional y su desarrollo académico. No ha existido compromiso ni audiencia para este reclamo persistente en el período post 1990. Aún en el presente año, el Estado de Chile no cumplió con el compromiso contraído hace pocos años en relación con reajustar el Aporte Fiscal Directo en 5% anual por un período de diez años.

Ahora está además sometida a dos amenazas que ponen en serio peligro el adecuado desempeño de su superior tarea académica y la propia estabilidad institucional. Primero, las políticas anunciadas sobre gratuidad parcial o total al estudiantado dejan muchas preocupaciones. Por una parte, se dice que se financiará solamente a una proporción de los estudiantes, dejando en manos de la propia Universidad la delicada tarea de establecer quiénes pagan y quiénes no, así asegurando una fuente de permanentes conflictos. Por otra parte, porque se dice que el Estado financiaría solamente una proporción de los aranceles, basándose en un cierto "arancel de referencia" y dejando en una nebulosa el asociado patrón de costos que constituye difícil materia en una universidad compleja. Además, está el anuncio formulado, también en términos muy generalistas, de que las propias instituciones deberían financiar la diferencia. No es claro cómo ni con qué recursos, excepto que se recurra a los que se deben dedicar a investigación. La amenaza que sufre en este campo la Universidad de Chile, que dependería anualmente de discusiones sobre diferentes ítems del presupuesto nacional, se asocia a la generalidad de los anuncios de políticas, cuyo fundamento financiero y reglamentario no está ni siquiera considerado.

Pero una segunda amenaza sobre el potencial del trabajo universitario y su desarrollo de largo plazo reside en las tendencias que marca su propia comunidad, especialmente la estudiantil. La toma de la Casa Central es totalmente injustificada y no tiene siquiera claras demandas hacia la autoridad universitaria. Hay varias facultades paralizadas, sin clases por un mes o más, bajo agendas coordinadas con petitorios fuera de toda discusión razonable.

Al mismo tiempo se impulsa una revisión de los estatutos a toda marcha, como si las prioridades del plantel estuviesen en temas que no han sido siquiera claramente diagnosticados. La Universidad de Chile dio vida a un Senado Universitario como instancia participativa y democrática donde se han discutido no solo el Plan de Desarrollo de la Corporación, sino también una serie de reglamentos e iniciativas, incluyendo los presupuestos anuales de la institución. Allí se ha ejercido la vocación transversal y democrática de la universidad, lejos de reclamos políticos que dejan de lado este gran logro, que aún necesita perfeccionarse para garantizar la estabilidad institucional. Por el contrario, como si eso no existiera, se exige triestamentalidad en el gobierno universitario, además de claustros resolutivos y "paritarios". Los retos de la Universidad de Chile, y su necesaria respuesta hacia la sociedad, se sitúan en el campo académico, en la necesidad de alcanzar mayor profundidad y extensión en el trabajo propiamente universitario y la proyección nacional del mismo. Las luchas por el poder político y las iniciativas para virtualmente desbancar la institucionalidad se constituyen en una amenaza para convertir a la Universidad de Chile en un foco de conflicto permanente y de solo protestas de índole política.

La Universidad de Chile es un baluarte republicano que ha sobrevivido con éxito los más serios embates asociados a la política nacional. La institución debería hoy estar pensando caminos y dar ejemplo para una salida ante la grave crisis que vive el país y la sociedad chilena. Por el contrario, está enfrascada en disputas políticas internas y en discusiones extemporáneas sobre su propia institucionalidad.

Defender a la Universidad de Chile de la imposición de la fuerza, de la ausencia de debate con ideas y diagnósticos claros y consensuados, de inadecuadas políticas que llevan al descenso hacia la mediocridad académica, es un reto fundamental que va más allá de sus muros y se extiende hacia una dolida república que ve cercenada a una de sus más esenciales instituciones en el cumplimiento de su sublime tarea.

Prof. Luis A. Riveros
Ex rector Universidad de Chile