Sebastián Henríquez

Los carabineros que resguardan la entrada del fundo San Guillermo desde el domingo, después de que una treintena de encapuchados quemara maquinaria, galpones y amenazara a los trabajadores del lugar, están atentos. Ayer, antes de las 10 de la mañana, se escuchaban disparos en los alrededores del predio, ubicado a seis kilómetros de Cañete.

La guardia fue apostada en el lugar como medida de protección luego de que el domingo el grupo de encapuchados entrara por el ingreso principal del fundo, rompiera las cámaras y encañonara a los trabajadores y sus familias.

"Tienen dos días para dejar esta tierra. Es de nosotros", les dijeron.

Claudio Galilea San Martín, dueño del predio de 700 hectáreas, donde cría vacunos, ignora a qué apuntaba la amenaza. "Esta tierra no tiene reclamación ante la Conadi", asegura, mientras coordina el traslado del forraje a otro predio de su familia. Un camión se lleva las 500 cabezas de ganado, raza Angus, que hay en el terreno.

"El contratista que estaba cortando el bosque, dijo que va a seguir con la 'pega', pero solo con resguardo policial", agrega el hombre, que avaluó en $500 millones las pérdidas.

En enero, el cuidador de San Guillermo, Víctor Neira, fue baleado, y murió poco después en el hospital. Entonces los Galilea instalaron cámaras en dos predios que tienen en Cañete. En esta causa todavía no existen formalizados.

El padre del propietario, Claudio Galilea Martínez, cuenta que el sábado, antes del atentado, estaba con familiares y amigos en el campo. "Esa tarde me llamaron por teléfono y me dijeron 'va a haber una toma'. Entonces nos vinimos para hacer rondas", recordó.

La información del ataque también habría estado en manos de la policía y del Ministerio Público, según informan vecinos del sector. Y los agresores también estaban atentos a los movimientos en el predio: el atentado ocurrió después de que los Galilea dejaron el fundo, el domingo por la mañana.

"Abrí las cortinas y vi un montón de gente con la cara cubierta, y pensé 'no puede ser, acá no'. Venían con la vecina encañonada", cuenta la esposa de un trabajador, que no se identificó. "Ayer fui a dejar a mi hija de cuatro años a Concepción; no quiero que vuelva a pasar por esto. Yo pienso en mi familia, no estoy solo en esto", señala su marido.

"Ya me renunció un trabajador", indica el dueño del predio.

El Gobierno condenó los hechos y anunció una querella. "Rechazamos cualquier tipo de amenaza o ultimátum que se quiera dar a una persona que quiera vivir en el territorio", aseveró Enrique Inostroza, seremi de Gobierno del Biobío, quien actuó como vocero.

La fiscalía encargó peritajes al Labocar y a la PDI, y decretó medidas de protección. Se espera que Carabineros se refiera hoy a las medidas de seguridad que se adoptarán en la zona.