Señor Director:

Entre los grandes aciertos políticos de la humanidad se encuentra el moderno constitucionalismo. Este surge frente a la necesidad de limitar el actuar del Gobierno, al mismo tiempo que se aseguran ciertos derechos mínimos para los ciudadanos: libertad individual, la protección de la propiedad privada y la igualdad ante la ley.

Sujetar el poder político a las mismas leyes que rigen para los ciudadanos -e incluso algunas especiales para el Gobierno- significó terminar con los caprichos del gobernante, sentando de este modo las bases del Estado de Derecho: gobernantes y gobernados sujetos al imperio de la ley. Es por lo mismo que lo esencial al constitucionalismo no es habilitar al poder para actuar, sino limitarlo. Tras siglos de un modelo político que descansaba sobre bases tan ambiguas y relativas como la "virtud" o "inspiración" del gobernante, gracias al constitucionalismo pasamos a ser gobernados por leyes, y no por hombres.

Sobre la libertad individual y la protección de las consecuencias de aquella misma libertad -la propiedad privada-, su reconocimiento constitucional sentó las bases para un despegue hasta entonces desconocido para la humanidad. Basta ver la evolución de las cifras de crecimiento poblacional, expectativas de vida, alfabetización y acceso a la educación desde ese momento. Quedaba entonces que todos fuésemos tratados por igual ante la ley, cosa muy distinta a intentar hacer a todas las personas iguales. El tratamiento igualitario consiste únicamente en que la ley no haga distinciones arbitrarias -injustas- entre ciudadanos.

Por lo mismo llama tanto la atención cuando el presidente de la Corte Suprema se refiere a la posibilidad de cumplimiento especial de medidas cautelares cuando estas afecten a miembros de etnias indígenas. Olvida el señor Muñoz que indígenas, católicos, analfabetos y extranjeros son iguales ante la ley, y cualquier diferencia que se base precisamente en esos criterios es contraria al principio de igualdad.

Pareciera que para algunos la solución no pasa por fortalecer el Estado de Derecho, sino por regresar al modelo del antiguo régimen, con distintas repúblicas en un mismo territorio.

Javier Infante
Profesor de Derecho UC