Se pretendió, al parecer, sustentar el cambio constitucional con cierto trasfondo histórico, al citar a Camilo Henríquez en el discurso presidencial del 21 de mayo, aunque no se entendió el significado más estricto que tuvo en mente su redactor. Si quiso relevar la importancia de una "participación ciudadana realmente incumbente", invocando que "la soberanía reside en el pueblo... que es indivisible, imprescriptible e inalienable" como sostuvo Henríquez (1811-1813), fue un recurso inadecuado.

El planteamiento es de Rousseau y fue idealizado por el fraile, al aplicarlo a la realidad social y política chilena. Para el autor suizo, la soberanía era la voluntad del cuerpo político; de ciudadanos autónomos que acuerdan reflexivamente un destino, lo cual supone desarrollar un proceso deliberativo profundo con el objeto de lograr un consenso de interés general. Acuerdo expresado directamente en una asamblea pública. Es decir, presume la existencia de ciudadanos dotados de capacidades para elaborar, informadamente, normas que regulen la vida común del estado.

Pero bajo el principio democrático moderno, le pareció a Rousseau impracticable la participación política directa en asamblea, además porque a su juicio la soberanía era irrepresentable. "En el momento que un pueblo se da representantes ya no es libre, ya no es". Por lo mismo, desconfiaba del trabajo legislativo en manos de asambleas delegadas, porque se traducía en procesos de enfrentamiento de estrategias o negociación de intereses, sin auténtica expresión de la voluntad general. Pensaba Rousseau -y Camilo Henríquez, por extensión- que en tales circunstancias prevalecía más la voluntad de grupo y la competencia pasional por el control del poder que el desarrollo del consenso constitucional. No es menor considerar que una exigencia imprescindible era disponer de ciudadanos con principios, valores políticos y virtudes cívicas. La voluntad general debía estar "asentada sobre una especie de consenso de fondo denso".

En efecto, Camilo Henríquez promovió la república y su normativa invocando la voluntad popular, pero se desengañó muy luego. Estando exiliado en Buenos Aires, meditando sobre el "resultado y la serie de sucesos" que vivió Chile antes del "Desastre de Rancagua", concluyó que las formas republicanas estaban en "contradicción... con la educación, costumbres y hábitos... de cada una de sus clases del pueblo... Elegid una forma de gobierno a la cual estéis acostumbrados -continuaba diciendo-... para que se concilie el respeto interior y (la autoridad) sea reconocida y no despreciada de las provincias" (1815).

La cita del mensaje presidencial no fue feliz, como vemos, pero aprovechémosla para reflexionar sobre lo que pretendía el redactor.

Se ha propuesto un cambio constitucional surgido -se dice- de "organizaciones políticas, sociales y juveniles", que supongo es el parangón con el escenario 1811-1813. En consecuencia, el programa de gobierno convoca a deliberar sobre una serie de materias de carácter abstracto. Pero el documento no señala cómo se expresará la voluntad general ni tampoco tiene en cuenta cuán preparado está el cuerpo político para asumir, cabalmente, una deliberación reflexiva. Nuestra ciudadanía no se interesa por estos asuntos: uno de cada cuatro chilenos votó en las últimas elecciones presidenciales; la juventud reniega de los partidos, sus afiliados son mínimos y la deliberación interna de la colectividad es nimia. Más grave todavía, la mayoría de los compatriotas no entienden lo que leen. Recordemos, eligieron gobierno sin leer su programa. ¿Es factible, entonces, un proceso constituyente a partir de "cabildos" o diversas organizaciones? ¿Predominan en ellas virtudes cívicas, principios, valores políticos para ejercer responsablemente la mentada soberanía? ¿La convocatoria al pueblo es efectiva o efectista?