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Editorial
Martes 02 de junio de 2015
Paros en educación
Que el gremio docente intente transformar el inmerecido privilegio que se le concedió en la etapa "prelegislativa" en un poder de veto sobre un proyecto de ley lesiona el proceso democrático...
El paro indefinido de profesores iniciado ayer en contra del proyecto de ley sobre carrera docente que se discute en el Congreso es una manifestación de que la cúpula de ese gremio intenta imponer sus intereses con prescindencia de sus consecuencias para los estudiantes y sus familias.
No es claro el grado de adhesión que esta movilización generó; los dirigentes del Colegio de Profesores la cifraron en 90 por ciento en el sector municipal. La paralización obedece a la disconformidad con el proyecto de carrera docente que presentó el Ejecutivo en el Congreso. Esa organización gremial fue un interlocutor privilegiado del Gobierno en la elaboración de este proyecto y aun así se muestra disconforme. Es cierto que no todas sus demandas fueron acogidas, pero los gobiernos tienen el deber de equilibrar los intereses del gremio con los de los estudiantes y sus familias, y en los casos que no sea posible armonizarlos, velar por estos últimos.
El Colegio de Profesores parece no entender esta realidad y, en ese sentido, sus reclamos respecto del proyecto de ley son difíciles de fundamentar. Por ejemplo, entre los cuestionamientos que le hacen a esta iniciativa se cuenta que ella incentivaría la competencia entre el profesorado, sin entenderse, según el gremio, que la labor pedagógica es una actividad colectiva. Ese argumento no es efectivo. La propuesta gubernamental establece distintos tramos de desarrollo profesional que están abiertos a todos los docentes por igual. Así, el acceso de un profesor a un nivel específico no impide que otros puedan acceder a ellos. Por cierto, para acceder a cada nivel hay que demostrar competencias docentes y disciplinarias. Esa evaluación, que no puede calificarse como una herramienta que promueve la competencia entre los docentes, parece incomodar al gremio. Para oponerse, nuevamente altera la realidad, sosteniendo que experiencias como estas no se observan en otros lugares del mundo. Sin embargo, la certificación de estas habilidades forma parte de la agenda de un número creciente de países, por cierto de una manera menos centralizada que la propuesta en esta iniciativa, lo que es una de las tantas debilidades del proyecto, pero que no tiene las características que reclama el Colegio.
Cuestiona, también, que de aprobarse esta ley, se terminarían las asignaciones asociadas a perfeccionamiento, pero si estas no mejoran las competencias docentes, qué sentido tiene mantenerlas. Estos pagos se han ido abandonando en otros países, porque solo incentivan el "credencialismo", sin impacto en la calidad de la educación. Por todo esto, es difícil justificar el paro; al final no hace más que perjudicar a los estudiantes y a sus familias, como también a la propia educación estatal que el gremio docente dice querer fortalecer.
Hay, por cierto, otros reparos del gremio, así como también de otras instancias, al proyecto. En esta etapa corresponde que esas posturas se hagan ver en el Congreso y este delibere en torno a ellas. El Gobierno lleva demasiado tiempo articulando una reforma imprecisa en sus límites y contenidos que solo alimenta nuevas demandas. Además, lo ha hecho manteniendo diálogos con sectores muy específicos y con grupos de interés, lo que evidencia una estrategia equivocada. En efecto, los movimientos sociales están lejos de representar el sentir de los ciudadanos, ya que estos no tienen la capacidad de organizarse efectivamente. Sin embargo, los primeros se erigen en voceros de los segundos, a pesar de que suelen representar intereses particulares o visiones ideológicas sesgadas. Luego intentan transformar el inmerecido privilegio que se les concede en la etapa "prelegislativa" en un poder de veto que lesiona el proceso democrático.
Ha llegado el momento de que el Gobierno enfrente con decisión a los grupos de interés que reclaman medidas que los benefician a ellos, pero que no están en el interés de la ciudadanía. Esta, por lo demás, parece estar cada vez más disgustada con las marchas, tomas y paros, y las autoridades políticas, particularmente alcaldes, comienzan a sentir esta presión para actuar en consecuencia.