Por medio de una indicación, el Gobierno aumentó el financiamiento público de carácter permanente que ha decidido destinar a los partidos políticos. El proyecto original había definido un monto de 0,01 UF por voto válidamente emitido para el funcionamiento de los partidos. La indicación presentada la sube a 0,04. Hay que recordar que con estos recursos se forma un fondo, 30 por ciento del cual se distribuye entre los partidos, independientemente de su resultado electoral (aunque en proporciones relacionadas con su representación geográfica). La cuota restante toma en consideración la votación relativa de cada uno de ellos. Para acceder a estos fondos se exige, además, que tengan parlamentarios electos, lo que indudablemente limita la competencia política.

La asignación de fondos públicos a los partidos políticos genera fuerte rechazo en la población, pero una democracia sana es imposible sin estas instituciones. Así, producen un bien público que es prudente financiar. Obviamente que los montos son discutibles, pero los que introduce la indicación están en línea con las propuestas del Consejo Anticorrupción y no son excesivamente altos. Los problemas son más bien de otra naturaleza.

Por un lado, se ha ido instalando la idea de que el financiamiento de la política debe ser única o principalmente público, una mala idea, por diversas consideraciones. Los partidos deben tener incentivos para mantenerse conectados con sus bases y, en general, con la ciudadanía. El aporte de militantes y de otros actores sociales es, por tanto, recomendable. La institucionalidad que regule a los partidos debiera incentivar esas contribuciones, pero no lo hace. Además, el desaliento al financiamiento privado en política torna más difícil la emergencia de nuevos movimientos, ya que el financiamiento público está siempre muy ligado a votaciones pasadas. Sin un sistema mixto de donaciones, las posibilidades de renovación son menores y las de anquilosamiento, muy altas.

Asimismo, el proyecto del Gobierno no pone mayores exigencias a los partidos políticos para acceder a estos fondos. Para que estas organizaciones realmente provean los bienes públicos que se les atribuyen, y que son los que mejoran el funcionamiento de las democracias, tienen que cumplir ciertos estándares. Desde luego, las elecciones de sus directivas deben ser transparentes y los padrones electorales vigentes en algunos partidos deben actualizarse, entre otras exigencias. Por eso, la postura del Consejo Anticorrupción fue que antes de garantizar fondos públicos se produzca la reinscripción de militantes.

Sin que se legislen asuntos como estos, no va a ser posible otorgarle legitimidad a la asignación de recursos públicos a los partidos. En esta dimensión hay una tarea pendiente.