Los gravísimos perjuicios causados por la huelga aduanera a la producción nacional, al comercio exterior, al turismo y a los viajes hacia y desde el extranjero, parecen distraer del alto y negativo impacto que ocasiona la paralización a la imagen de Chile en el exterior. Los daños intangibles a la reputación internacional del país podrían superar a los más cien millones de dólares en daños a los exportadores y transportistas. Estas derivaciones eran otro motivo para que la solución de esta emergencia fuera una de las primeras prioridades de las autoridades económicas y del Ministerio de Hacienda. Aunque pareciera que ello no fue así, los planes de contingencia y medidas preventivas fueron capaces de contener significativamente los entorpecimientos y sus repercusiones, tanto externas como internas.

La interrupción se extendió por casi diez días, comprometió sobre el 15% de la carga internacional, con especiales consecuencias para los productos perecibles, transportistas, trabajadores del sector privado, para el tránsito fronterizo portuario, aeroportuario y para el abastecimiento del extremo sur del país.

El conflicto se había anticipado desde hace meses y había tenido manifestaciones el año pasado. La satisfacción de las reclamaciones sobre modernización aduanera, la evidente insuficiencia de dotación y las difíciles condiciones de trabajo de ese personal en las zonas fronterizas debió haberse solucionado hace mucho tiempo, a pesar de que no puede omitirse que se trata de paralizaciones ilegales que afectan servicios vitales para la marcha del país.

Cobra especial importancia consignar que uno de los principios fundamentales de la política económica e internacional de Chile es el libre comercio y que la dependencia del país del intercambio comercial con el exterior se valoriza en el equivalente de lo que representa casi dos tercios del producto nacional.

Todas estas falencias y consideraciones se han recogido en la prensa internacional, lo que ha erosionado la credibilidad bien ganada del comercio exterior chileno y la imagen del país en el extranjero. No es aceptable que la inflexibilidad de los servidores públicos ponga en riesgo estos valores que comprometen al resto de los ciudadanos.

Aunque se adoptaron todas las medidas para evitar que las paralizaciones y demoras entorpecieran el libre tránsito al comercio boliviano, el gobierno de Bolivia se aprovechó de la mala imagen que han acarreado estos problemas. Ya lo habían hecho en su demanda y repetido en los recientes alegatos en la Corte de La Haya.

Las normas de excepción para emergencias nacionales y las disposiciones extraordinarias para la intervención de la justicia cuando se puedan ver afectadas las relaciones de la República con otro Estado son indicativas de la importancia que asigna el ordenamiento legal a los vínculos con el exterior y deben ser consideradas oportunamente por las autoridades económicas, así como por las demandas de los funcionarios públicos.