En su calidad de presidente de la Asociación Chilena de Derecho Registral, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, urgió, ante la Asamblea de Conservadores de Bienes Raíces, Comercio, Minas y Aguas, respecto de la necesidad de avanzar en la modernización y eficiencia del servicio. Pese a que la situación de los conservadores a nivel nacional es desigual, los servicios que prestan algunos de ellos no satisfacen en muchos casos a los usuarios.

Aunque en el sistema de derecho registral nacional cabe distinguir a notarios, conservadores y archiveros, la percepción de las personas es que todos ellos requieren ajustes para el mejor cumplimiento de sus funciones -que comprometen la fe pública- y también del servicio que prestan. El actual sistema ha sido criticado por su costo y lentitud debido a la burocracia imperante.

Para esa renovación hay experiencias a las que acudir: en el pasado los notarios supieron responder con singular éxito cuando se hicieron cargo de los trámites correspondientes al mercado hipotecario, avanzando sustancialmente en su eficiencia.

Con todo, el sistema también enfrenta críticas por rasgos de cierto nepotismo en el nombramiento de los notarios, conservadores y archiveros. Con una mayor fiscalización se podrían despejar las dudas sobre transparencia y cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer los cargos. Hay valiosas prácticas que se pueden extraer de la experiencia de la Alta Dirección Pública en cargos de la administración.

Los aranceles que estos profesionales cobran también han sido materia controvertida. En teoría, el esquema al que están sometidos se asemeja al de otros servicios de interés público que son prestados por privados, como la distribución de energía, agua potable o gas. Estos auxiliares de la justicia invierten en infraestructura y personal con cargo a los ingresos que obtienen de los usuarios de acuerdo con tarifas fijadas por las autoridades, y no reciben ingresos del fisco. Pero han existido numerosas denuncias de incumplimiento de los aranceles y la percepción de muchos usuarios es que el servicio obtenido no se condice con el estado de desarrollo del país.

En suma, el sistema actual implica una carga para el ciudadano común en cuanto a tiempo y costos, y -aunque menos que antaño- aún está revestido de formalidades anacrónicas y burocráticas. Es necesario, en consecuencia, incorporar modernizaciones como la firma electrónica, que cumpla con los mayores requisitos de seguridad, o la de un solo repositorio con clave que evite la clonación de documentos notariales. Las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen hoy numerosas innovaciones y existe la voluntad de incorporar esos elementos de parte de muchos de quienes ejercen hoy responsabilidades en el sistema registral. Solo cabe tomar los mayores resguardos para que no se debilite la fe pública envuelta en estas delicadas tareas y que, al contrario, ella se vea potenciada por la impostergable modernización que los usuarios reclaman.