Después del arresto de siete directivos en Zúrich y de otras tantas órdenes de detención, nada debiera volver a ser igual en la FIFA. Durante décadas se ha rumoreado, y más que eso, que la corrupción en esa organización era algo real y concreto. Pero hasta que Estados Unidos tomó cartas en el asunto y realizó una investigación a fondo, los dirigentes del fútbol habían gozado de una cierta impunidad.

Más allá de las críticas de Vladimir Putin, quien cuestiona el hecho de que sea la justicia norteamericana la que acuse -llegando a decir que lo hace para "arrebatarle la sede del mundial de 2018-, lo cierto es que por estar involucradas instituciones financieras y empresas con sede en EE.UU., la fiscalía tiene jurisdicción sobre el caso. Son las extendidas normas de control e investigación por asuntos de lavado de dinero de narcotraficantes y de organizaciones terroristas las que han permitido que estos delitos tengan carácter de transnacionales, por lo que se persiguen traspasando fronteras. Suiza es muy sensible al tema, y prácticamente ha eliminado el secreto bancario que caracterizó a sus instituciones financieras.

Por décadas la FIFA ha estado por encima de la jurisdicción local e internacional, con un control poco transparente de sus asuntos, por parte de dirigentes que han sido elegidos y reelegidos mediante métodos cuestionables, y sin rendir cuentas a nadie. Además del poder resultante de los miles de millones de dólares que maneja esa federación (por la venta de derechos de transmisión de televisión, de auspicios y patrocinios), está la influencia y la protección que tienen sus dirigentes derivadas de la inmunidad que surge de la imposición de sus reglamentos y sistemas de solución de controversias, por sobre jurisdicciones y legislaciones locales.

El sistema de la FIFA mediante la Cámara de Resolución y la Comisión del Estatuto del Jugador resuelve las disputas entre las asociaciones, clubes y jugadores, bajo un apercibimiento muy simple y eficaz: quien no respete sus fallos debe abandonar la organización. La sola mención de resolver una disputa al margen del sistema de esa institución acarrea siempre el riesgo "fatal" de ser excluido el requirente, luego el club y finalmente la asociación respectiva, y por ende, el país, de toda participación en los torneos organizados por la FIFA o sus asociaciones miembros, como son la ANFP (nacional) y la Conmebol (asociación sudamericana).

El remezón que significa la espectacular acción judicial para el fútbol mundial, y en especial el latinoamericano, no podrá ser dimensionado en su totalidad hasta que se abran investigaciones particulares sobre dirigentes que aún no han sido afectados, incluido eventualmente el propio Joseph Blatter. El líder histórico de la FIFA se niega a renunciar o a retirar su candidatura a la reelección tal como se lo pidieron las asociaciones europeas, porque cuenta con el incondicional apoyo de los rusos, asiáticos y africanos. La pesquisa que en paralelo inició la fiscalía suiza sobre la asignación de las sedes para los campeonatos mundiales de 2018 en Rusia y de 2022 en Qatar abrirá otra arista a la compleja situación de los "capos" de la FIFA. Es poco probable que Gran Bretaña, que perdió la sede frente a los rusos, o Australia, EE.UU. Japón o Corea, que la perdieron frente a Qatar, se queden de brazos cruzados y no insistan en una reevaluación de esas decisiones. Pero no les será sencillo lograrlo, mientras Moscú defienda su derecho con argumentos que pretenden llevar al campo de la política internacional asuntos propiamente delictuales.

Miles de seguidores del deporte más popular de todos los tiempos esperan acciones y decisiones correctivas que les permitan disfrutar del espectáculo futbolístico al margen de los escándalos financieros de los directivos.