Controversia está provocando la propuesta gubernamental de ampliar el giro de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para que incursione en la generación eléctrica en asociación, ya sea mayoritaria o no, con empresas privadas. El proyecto de ley ya está en trámite y la petrolera estatal ha informado que hay varios consorcios extranjeros interesados. Pero la iniciativa preocupa a la industria y a diversos expertos.

Es evidente el interés del país de contar a futuro con suficiente capacidad de generación eléctrica de base -susceptible de utilizarse a toda hora- y a un costo razonable. Aunque el Gobierno ha logrado motivar un fuerte desarrollo de fuentes no convencionales, las cuales -aunque atractivas- no cumplen adecuadamente con tal propósito, la perspectiva de abastecimiento y costo hacia fines de la década sigue siendo crítica. Es comprensible entonces que el Gobierno quiera emplear su propia capacidad empresarial y subsanar la falla. Sin embargo, ese remedio es de dudosa eficacia y considerable riesgo.

No parecen en absoluto claras las ventajas con que contaría la estatal en el nuevo negocio. De hecho, la idea sería aportar un proyecto suyo y otro de Codelco a un consorcio en el que serían los socios privados quienes aportarían la administración y el financiamiento. Desde luego, el hecho de que esos proyectos tengan ya permisos aprobados o trámites avanzados no es una razón para que sean abordados por Enap, pues bien podrían ser vendidos a terceros.

Las autoridades han defendido la idea aduciendo que en su momento la participación de Enap en el gas natural licuado (GNL) también fue polémica, pero hoy se juzga como un acierto. El ejemplo es sin embargo de dudosa aplicación porque el GNL constituía una novedad para Chile y venía a resolver la emergencia creada por el corte del gas natural argentino. En cambio, la futura insuficiencia de generación eléctrica que hoy se vislumbra no se debería a la ausencia de interés por parte de las empresas del sector. Al revés, son numerosos los grandes proyectos de empresas privadas que, como Barrancones, Castilla e HidroAysén, podrían haber resuelto ya buena parte del problema y que terminaron descartados bajo la presión política. En la actualidad, otros proyectos privados de generación térmica o hidráulica enfrentan una resistencia semejante por parte de grupos ambientalistas u otros. Resulta inquietante que se suponga que la presencia estatal en los consorcios previstos facilitaría las aprobaciones ambientales requeridas o aliviaría la oposición política que esos proyectos suelen ocasionar. Ello sugeriría un doble estándar en tales aprobaciones y un grado de discrecionalidad altamente cuestionable.

Se ha dicho que el ingreso de la estatal provocaría un saludable incremento de la competencia en el mercado eléctrico. Pero es el rechazo de proyectos como los mencionados lo que ha cerrado la entrada a nuevos competidores. Las empresas mixtas formadas por Enap competirían con ventajas por su respaldo estatal y por ser su matriz presidida ni más ni menos que por el ministro de Energía. Ello, lejos de estimular la competencia, la desalienta, por temor al favoritismo regulatorio e información privilegiada con que ellas podrían contar.

Los riesgos financieros de la idea son significativos. En los últimos años Enap se ha aventurado sin mayor éxito en el extranjero. Opera con altísimos costos laborales para congraciarse con sus sindicatos. Ha sido repetidamente utilizada para transmitir subsidios a los consumidores de combustibles, lo cual entre otros factores le ha significado acumular una deuda equivalente a 9,4 veces su patrimonio, algo que a una empresa privada habría llevado a la quiebra. Solo fortalecida luego de una profunda reestructuración de su gobierno corporativo y sus finanzas -que incluya por ejemplo la colocación de acciones- cabría que Enap incursionara en nuevas actividades. En el ínterin, los problemas de abastecimiento eléctrico deben encararse atrayendo inversiones privadas mediante licitaciones competitivas de suministro -como se ha hecho con éxito- y despejando las cortapisas regulatorias que las han ahuyentado.