El director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Alberto Pizarro, señaló que "como mapuche, extraño que no tengamos ningún parlamentario mapuche, cuando somos el 87% de los pueblos indígenas" y por eso destacó que es indispensable que se inicie una discusión respecto de una ley de cuotas para los indígenas, con el fin de que "en el Parlamento y en todos los ámbitos estén expresadas todas las formas de la diversidad".

No es primera vez que se plantea la idea de introducir una discriminación positiva para favorecer la representación política de grupos específicos, en este caso de chilenos descendientes de pueblos originarios, que en razón de esa circunstancia se encontrarían limitados o impedidos de expresarse por los conductos regulares a que se somete la población en general. A lo largo de los últimos años han sido muchas las iniciativas, algunas apoyadas por legisladores de muy diverso signo ideológico, que han procurado fortalecer la representación política de los diversos grupos étnicos. Especial interés ha existido respecto de la etnia mapuche, pues se trata del grupo más numeroso. Pero, además, se piensa que la existencia de representantes políticos del conjunto de quienes se reconocen como integrantes de la etnia mapuche podría ayudar a establecer un diálogo más fecundo del que se ha logrado hasta ahora entre las autoridades públicas y un sinnúmero de dirigentes de comunidad, sin ninguna estructura orgánica ni jerárquica. La existencia de esas instancias legitimadas por los propios comuneros mapuches podría contribuir a combatir la violencia en La Araucanía.

Existen diversas formas de materializar la propuesta a que alude el director de la Conadi, pero todas ellas pasan por distorsionar el sistema de representación democrática. Diseñar un distrito especial indígena o reservar un número de escaños en el Congreso a representantes exclusivos de chilenos descendientes de los pueblos originarios implica complejas definiciones que arriesgan una sobrerrepresentación de esas etnias, y debilitan el principio de igualdad jurídica entre los chilenos y la idea de un hombre un voto.

Quizás si efectivamente no hubiera otra vía para asegurar una debida representación de los intereses o temas de los pueblos originarios -entendidos de esa manera-, podría discutirse una propuesta de esta naturaleza, pese a que ella parece ignorar la realidad del mestizaje en la base de la población chilena. Sin embargo, la historia política del país desmiente la supuesta existencia de impedimentos para que miembros de esa etnia alcancen puestos de representación política. Nuestro Congreso Nacional, en las décadas de los 30, 40, 50 y 60, tuvo parlamentarios de origen indígena, como fueron Manuel Manquilef, Francisco Melivilu, Arturo Huenchullán, Venancio Coñuepán Huenchul, José Cayupi Catrilaf, entre otros. Asimismo, los numerosos alcaldes y concejales miembros de las diferentes etnias originarias también desvirtúan la supuesta discriminación que sufrirían estos chilenos para poder alcanzar cargos de representación política. Por último, a juzgar por las numerosas iniciativas legislativas y administrativas que abordan la problemática de los pueblos originarios, es imposible sostener que sus temas no son atendidos por el régimen democrático del país.