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Editorial
Martes 26 de mayo de 2015
Polémica gratuidad
Si hay restricciones presupuestarias, era más razonable partir con un umbral más bajo, gratuidad efectiva para el 40 o 50 por ciento de los estudiantes vulnerables, pero para una población estudiantil más amplia...
Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el 65 por ciento de la población estimaba que las reformas impulsadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet han sido improvisadas. El anuncio del comienzo de la gratuidad a partir del próximo año, para alumnos pertenecientes al 60% más vulnerable de la población que asistan a las universidades del Consejo de Rectores o CFT e IP acreditados y sin fines de lucro, parece corresponder a esa percepción ciudadana.
La idea de otorgar gratuidad general en la educación superior es cuestionada por expertos de distintas sensibilidades, aunque la focalización en sectores más vulnerables recibe mayor apoyo. En ese sentido es razonable que esta política, en caso de ejecutarse, comience por incorporar a estos estudiantes en primer lugar. No lo es, sin embargo, que se restrinjan las instituciones beneficiadas más allá de exigencias razonables, como pueden ser la acreditación o la selección de estudiantes a través de mecanismos de admisión no discriminatorios.
Hasta ahora, el Gobierno no ha explicitado las exigencias definitivas a las que se va a someter a las instituciones en un eventual régimen de gratuidad. Mientras ello no ocurra, los estudiantes deberían tener la expectativa de que una política que aspira a ser general no los va a discriminar en la medida que la institución a la que asisten siga satisfaciendo las normas acordadas. Que esta ha sido la práctica establecida en el país queda en evidencia por la forma en que se ha tratado a los estudiantes que asisten a universidades que estaban acreditadas en el momento en que ingresaron a ellas y después perdieron esa condición. Ellos siguen accediendo a becas y créditos, derecho que los nuevos estudiantes no pueden reclamar.
Así, una vez definidas las nuevas reglas, una institución podría quedar excluida (o abstenerse) del acceso al régimen de gratuidad universal. Los nuevos estudiantes que la elijan no podrán postular a beneficiarse de esa política, pero los actuales pueden aspirar a que no se los trate discriminatoriamente por haber elegido la institución a la que hoy asisten bajo un conjunto alternativo de reglas que sí los hacían merecedores de beneficios estatales. En la transición, entonces, corresponde que la política de gratuidad parcial se aplique ampliamente. Por tanto, tienen razón los rectores de universidades creadas con posterioridad a 1981 en cuestionar la medida. Especialmente crítico ha sido el rector de la Universidad Alberto Hurtado, quien ha sugerido la posibilidad de recurrir a la justicia para acusar esta discriminación arbitraria, siendo apoyado por otros rectores.
La autoridad ha llamado a la calma, argumentando que esta política no es definitiva, pero que era importante partir con la gratuidad. Sin embargo, la señal es compleja, por la discriminación que involucra y la poca preocupación por la desigualdad que conlleva. Si hay restricciones presupuestarias, era más razonable partir con un umbral más bajo, gratuidad efectiva para el 40 o 50 por ciento de los estudiantes vulnerables, pero para una población estudiantil más amplia.
Ahora bien, mientras esto se discute, tampoco hay antecedentes precisos sobre cómo pretende el Gobierno definir los "precios" de estas instituciones. Al mismo tiempo se presentan documentos preliminares que incorporan exigencias aún vagas, difíciles de evaluar, como la participación de la comunidad en la gobernanza de las instituciones que acepten el régimen de gratuidad y el financiamiento a través de un nuevo sistema de créditos durante el período de transición entre gratuidad parcial y universal. No hay, entonces, todavía una propuesta coherente y bien fundada que permita vislumbrar dentro de límites razonablemente precisos los alcances de una política como la gratuidad universal que genera tantas expectativas y somete el sistema de educación superior a tantas tensiones.