El reciente cambio de gabinete que introdujo la Presidenta Bachelet fue mayor, y una modificación de esa naturaleza no ocurre si no proviene de un diagnóstico crítico de la situación anterior.

De ahí que se haya especulado de si lo que se buscaba era cambiar al equipo que conduciría al mismo programa, o si se pretendía introducir cambios a ese programa, para lo cual se buscaron nuevos conductores. Probablemente no se trata ni de lo uno ni de lo otro, sino de acomodar ambas cosas en un cambio de estilo, que introduzca más pragmatismo al sesgo ideológico reformista y voluntarista que caracterizó la primera etapa del gobierno. Es decir, se constató que el impacto positivo que se esperaba produjeran las reformas no ocurriría como la unívoca y automática consecuencia de las intenciones de quienes las diseñaron, sino que son el resultado de la manera en que ellas interactúan con las conductas con las que los ciudadanos reaccionan frente a ellas.

Parte del pragmatismo que se espera traiga el nuevo gabinete está en la comprensión que este muestre respecto del carácter sistémico con que opera el cuerpo social. Un ejemplo emblemático de aquello es el objetivo del Gobierno de otorgar "derechos sociales" a los ciudadanos. Para hacerlo de manera exitosa, es preciso contar con los recursos para ello, y eso no se logra solo con aumentar las tasas tributarias, sino que se necesita además que la base impositiva crezca, y lo haga aceleradamente. A ese respecto, tanto la reforma tributaria introducida como la reforma laboral en discusión y el "proceso constituyente" en marcha no colaboran a que ese crecimiento se produzca con fuerza, pues los agentes económicos reaccionan negativamente a las peores expectativas de futuro que aprecian. La economía lleva siete trimestres con un descenso de la tasa de inversión, que es lo único que produce crecimiento de manera sostenida.

En ese escenario -y pese a que el mensaje presidencial del 21 de mayo no dio pistas al respecto-, es razonable pensar que el nuevo gabinete, que busca introducir cambios en el ánimo y las expectativas del país, debiera revisitar la reforma tributaria del 2014. A pesar de que ella fue aprobada por todos los sectores políticos, la solución de compromiso encontrada fue un arreglo de coyuntura, lejos de ser el más apropiado. Dos sistemas tributarios paralelos, con todas las complejidades que ello implica, no parecen ser una buena solución. En lo que sí hubo acuerdo es en la necesidad de contar con mayores recursos para resolver los problemas del actual estadio de desarrollo en que se encuentra el país, especialmente en el campo educacional. De ahí que una nueva reforma, que sea neutra en la recaudación, pero que introduzca más incentivos a la inversión y continúe cerrando las brechas a las prácticas evasivas o elusivas, provocaría un cambio sustancial en las alicaídas expectativas actuales.