Sorprende el anuncio hecho en la cuenta presidencial de que a partir de 2016 se asegurará gratuidad total a los estudiantes pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable que asisten a instituciones acreditadas, pero excluyendo a aquellos que asisten a institutos profesionales y centros de formación técnica con fines de lucro y universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores. La razón para excluir a todas estas instituciones no se sostiene. Desde luego, los institutos profesionales y centros de formación técnica con fines de lucro cumplen con la legislación chilena y mientras estén acreditados no se entiende la lógica gubernamental.

La mandataria había iniciado su discurso del 21 de mayo recordando su compromiso con la reducción de las desigualdades en el país. Un elemento central de toda agenda contra la desigualdad es acabar con la discriminación arbitraria y promover políticas públicas que apoyen la inclusión. El anuncio sobre gratuidad, uno de los de mayor impacto y costo económico, es completamente discriminatorio.

Es cierto que el Gobierno aspira a cambiar la legislación en esta materia, pero mientras ello no ocurra, no parece razonable excluir a los estudiantes que han elegido estas instituciones, en la medida en que estén acreditadas, de estos beneficios. Es castigarlos por una definición institucional que ha estado legalmente permitida en Chile por mucho tiempo (los institutos profesionales, por ejemplo, existían incluso desde antes de 1981, sin una exigencia de organización específica).

Más discutible todavía es que se haya excluido a las universidades privadas creadas después de 1981. El número de estudiantes que pertenecen al 60 por ciento de menores ingresos y que asisten a estas instituciones es superior al que asiste a las universidades del CRUCh (180 mil versus 163 mil, respectivamente, de acuerdo con la encuesta Casen 2013). Además, por ejemplo, siete de las ocho universidades privadas que participan en el proceso único de admisiones tienen cinco o más años de acreditación. Una tiene cuatro años. Dentro de las universidades del Consejo de Rectores 10 de las 25 tienen cuatro o menos años de acreditación.

Hay otras universidades creadas con posterioridad a 1981 que tienen también cuatro o más años de acreditación. Más allá del debate que ha caracterizado a la educación superior, ninguna de estas universidades privadas con cuatro o más años de acreditación ha dejado de cumplir con la legislación. Por el contrario, han ayudado a aumentar las posibilidades de estudio de miles de jóvenes y también a la diversidad del sistema. Incluso, muchas de ellas han desarrollado valiosas áreas de investigación. Por tanto, es incomprensible la falta de inclusión y la discriminación que afectará a los estudiantes que asisten a estas universidades.