Los problemas que han experimentado las isapres con los recursos judiciales que se presentan por las alzas de precios -contempladas en la legislación- están exigiendo una respuesta de las autoridades, tanto como lo exigen los usuarios, debido a que la lógica de los seguros les impide cambiarse de isapre una vez que han contraído una enfermedad crónica. Estas dificultades son conocidas desde hace años, pero su solución se ha postergado, con los perjuicios que ello acarrea a las personas afiliadas a las isapres. Si bien se trata de una proporción menor de la población, ello no obsta a que las autoridades debieran haber hecho esfuerzos por encontrar una solución al dilema que se ha planteado.

Sucesivas comisiones creadas casi desde el origen de estos problemas han hecho recomendaciones regulatorias que no han sido consideradas, en parte porque existen otros asuntos más acuciantes y, en parte, por lo difícil que es llegar a un acuerdo político cuando se trata de las isapres. Las soluciones técnicas son conocidas, pero en el Congreso los debates se eternizan, sin resolverse.

Ahora se menciona que el Gobierno estaría interesado en poner fin a estas dificultades y enviar dos proyectos de ley separados, como se ha hecho en otras materias. En uno de dichos proyectos se buscaría solucionar los problemas más urgentes con acuerdos relativamente más fáciles de lograr, y quedarían para una segunda propuesta los temas de fondo, que son los más complejos. Luego de la última de las comisiones de salud, se formó un pequeño comité que ha ofrecido al Ejecutivo diversos caminos, que le permitirían adoptar el que estime políticamente más viable.

El segundo proyecto buscaría la creación de un fondo único de salud en el cual se reunirían todas las cotizaciones de los trabajadores chilenos y que permitiría toda suerte de subsidios cruzados, desde sanos a enfermos, de jóvenes a viejos, de ricos a pobres. Con ello se daría el primer paso para identificar a la cotización de salud con un impuesto que serviría para financiar el sistema de salud y poner término a las isapres como se han conocido hasta ahora. Asimismo, se ha planteado regular en forma estricta los seguros complementarios de salud, lo que vendría a ser un cambio mayor que abarcaría a toda la salud privada, restándole competencias a la Superintendencia de Valores y Seguros. Del mismo modo, existen diversas propuestas destinadas a reformar el sistema de licencias médicas, que ha sido motivo de abusos y conflictos tanto de parte de los beneficiarios como de las isapres que han procurado controlar su uso.

Ante la variedad de las propuestas, es posible que la Administración tome el camino de dividir los proyectos para avanzar en resolver problemas que amenazan la subsistencia de un sistema que ha proporcionado buenos servicios a tres millones de personas. En su cuenta del 21 de mayo, la mandataria anunció el envío de un proyecto de ley para reformar el sistema de las isapres, pero no está claro qué aspectos abarcará esa iniciativa. Habrá que esperar a conocer el texto para saber si se ha optado por separar las materias en discusión.