"Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie", fue la sugerencia de Tancredo a su tío el Príncipe de Salina en la novela de Lampedusa. Y desde allí, el "gatopardismo" es la expresión que se usa para representar la tentación de quienes tienen el poder de seguir ejerciéndolo pese a las fuerzas políticas y sociales que les exigen un cambio.

Si Jorge Burgos y Rodrigo Valdés han llegado al Gabinete a hacer lo mismo que Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, estaríamos frente a un caso flagrante de gatopardismo. Es lo que pretenden quienes aseguran que su llegada al gobierno no cambia nada del programa de Bachelet y que lo que ellos vienen a hacer es a explicarle mejor a la gente lo que hasta ahora no se ha entendido.

Tras esa postura hay un soterrado desprecio a la opinión de la gente: la mayoría de la población no apoyaría las reformas de Bachelet, porque no las entiende. Basta entonces que lleguen nuevos comunicadores para resolver los problemas.

Pero la realidad es justamente la contraria. Todas las encuestas conocidas, CADEM, Adimark y CEP, muestran que las reformas tributaria y educacional tienen mayor rechazo en la medida en que la gente ha ido conociendo sus efectos. Al comienzo del gobierno de Bachelet contaban con el respaldo de la mayoría.

Lo mismo empieza a suceder con la reforma laboral, que ya tiene más rechazo que aprobación en las encuestas.

Se dialoga, pero no se negocia, dicen los defensores de esta tesis. Un concepto "boliviano" del diálogo, como dice un amigo, ya que se pretende que se inste a Chile a dialogar sobre la mediterraneidad boliviana, pero el único resultado aceptado de ese diálogo sería una salida soberana al mar para Bolivia.

Uno puede entender que el gobierno no reconozca explícitamente que se abandona el programa. Nadie exige eso. Son razonables las expresiones de los nuevos ministros en ese sentido, forman parte de los códigos de la política.

Pero Jorge Burgos y Rodrigo Valdés tienen que demostrar que no están pintados, que son de verdad y que han venido a hacer la pega como ministros del Interior y de Hacienda.

Y no tienen mucho tiempo.

El ministro del Interior debe ser un jefe de gabinete que cumpla con el rol de interlocutor de todas las fuerzas políticas que hay en el país. Y ha empezado a hacerlo, pero lo último que necesita es que desde sus filas se afirme que se dialoga, pero no se negocia. Ello es una notificación inequívoca para los partidos políticos y sus dirigentes de que el diálogo es una pérdida de tiempo.

Una de las tareas fundamentales de Jorge Burgos será conversar con los dirigentes de la oposición y de los propios partidos que forman la Nueva Mayoría acerca de reformas a la Constitución. Suponemos -y así lo ha sugerido el propio ministro al decir que no está de acuerdo con una asamblea constituyente- que no se aplicarán aquí ni retroexcavadoras ni fórmulas tramposas para saltarse la vía institucional para hacer cambios a la Constitución.

Por otra parte, en algún momento el ministro tendrá que ser más explícito acerca de los contenidos de lo que ellos llaman una Nueva Constitución. No es lógico llamar a pronunciarse acerca de la procedencia de una Nueva Constitución si no se transparentan los contenidos que ella tendría. Es indudable, como lo han señalado algunos políticos, que una gran incertidumbre en esta materia afecta el clima para la inversión.

Y llegamos así al ministro de Hacienda. Su principal tarea es encontrar un lugar para el crecimiento económico dentro de las prioridades de este gobierno. Si no lo hace, el apoyo popular seguirá decayendo. En ese afán debe también preocuparle el tenor que tome la discusión constitucional. Pero antes que eso, debe hacerse cargo de los efectos que una reforma laboral como la que ha propuesto el gobierno tiene sobre la inversión, el crecimiento y el empleo.

Y Valdés debiera recordar que por negar que la reforma tributaria tendría efectos negativos sobre el empleo, es que Alberto Arenas está fuera del gabinete y Chile está en su segundo año de estancamiento económico.