En nuestro país, el sistema público de salud cubre alrededor del 80% de la población, y el sector privado, el 15%. Chile tiene excelentes indicadores sanitarios que, sin embargo, no dan cuenta de las precariedades de la atención médica a las personas. Lo cierto es que, cuando de estar enfermo se trata, no es consuelo ufanarse de la calidad de los indicadores. Esta dicotomía entre la situación global de la salud y el cuidado cotidiano de los enfermos constituye la deuda médico-social más importante del actual sistema de salud. De no menor importancia es reanimar una relación institucional e interpersonal de acogida y respeto hacia el paciente.

Si revisamos la historia de la salud pública nacional, el acontecimiento más relevante durante el siglo XX fue la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952. Este organismo diseñó acciones globales de salud e implementó programas específicos y sostenidos en el tiempo relativos a la desnutrición infantil, alimentación infantil complementaria, control de la embarazada y del niño sano, vacunaciones del niño y adultos, saneamiento ambiental, etcétera.

En poco más de seis décadas (1952 al 2014), las políticas públicas hicieron posible una notable mejoría en los indicadores de salud: hubo una disminución progresiva de la mortalidad infantil (de 117,8 a 7,2 por cada mil nacidos vivos); de la mortalidad materna (de 276 a 18,5 por cada cien mil nacidos vivos), y del porcentaje de niños desnutridos menores de cinco años (de 63% a 0,5%). La expectativa de vida al nacer aumentó de 40 a 80 años, al igual que la atención profesional del parto de 35 a 98,9%; el acceso a agua potable creció de 52 a 99%, y al alcantarillado, de 21 a 98,9%. Paralelamente, hubo una mejoría en los indicadores económicos y sociales: el PIB per cápita aumentó de US$ 3.827 a US$ 20.894 (dólares de 1990) y la pobreza disminuyó de 60 a 14,4%. También mejoraron significativamente los índices de analfabetismo, la escolaridad y los años de educación primaria, y la matrícula secundaria y terciaria.

Pese a estos notables logros, la gran mayoría de la población percibe un cuidado médico muy insatisfactorio: a la angustia propia de la enfermedad se suman las dificultades de acceso al cuidado médico. A su vez, los elevados costos de la atención médica, pese a los subsidios, provocan una agobiante aflicción económica.

Los chilenos temen enfermarse. Superar esta situación es un argumento médico-social y ético poderoso que apunta a la necesidad de aumentar el gasto público en salud para establecer en el país, a mediano plazo, un sistema público de salud que proteja a todos sus habitantes y cuyas cotizaciones contribuyan a su financiamiento. Adviértase que, si nos comparamos con los países de la OCDE, el nuestro tiene una muy baja inversión pública en salud como porcentaje de la inversión total en el sector: 45,7% versus un promedio de 72,3%. De los países OCDE, Chile junto a Estados Unidos tienen la menor inversión pública en salud; la diferencia es que en Chile el 80% de la población está protegido por el sector público, en tanto que en EE.UU. solo el 30%. Adicionalmente, Chile muestra un déficit de médicos (1,7 versus 3,2 por cada mil habitantes) y de enfermeras (4,8 versus 8,8 por cada mil habitantes); un déficit de camas hospitalarias (2,1 versus 4,8 por cada mil habitantes), y de ambulancias (1 por cada 48.108 habitantes versus 1 por cada 25 mil habitantes); además, un elevado gasto de bolsillo en salud (31,9 versus 19%) y baja disponibilidad de medicamentos genéricos en el mercado (30% versus 75%). Todos estos factores deficitarios de Chile inciden en la insatisfactoria calidad de la atención médica.

Un desafío mayor para Chile es corregir, desde ya, planificada y paulatinamente, las muchas insuficiencias del sistema público, con el fin de lograr que las familias tengan un acceso oportuno a una atención médica de aceptable calidad. Esto demandaría, a lo menos, duplicar el actual gasto público en salud.

Dr. Alejandro Goic
De la Academia de Medicina