Señor Director:

El 21 de mayo pasado, la Presidenta Bachelet anunció que la gratuidad alcanzará al 60% de los estudiantes más vulnerables, pero en el caso de las universidades, esta beneficiará solo a quienes estudian en alguna universidad del Consejo de Rectores (CRUCh).

Han sido innumerables la críticas esgrimidas contra la gratuidad universal propuesta por la Presidenta, pues al hacerse a través de aportes basales condicionados a las propias entidades, y no por medio de un financiamiento directo al estudiante, que le asegure la libertad de elegir dónde estudiar, podemos estar frente a un grave atentado a la libertad de enseñanza, pues surge la amenaza creíble, de que el Estado podría terminar por cooptar y capturar a la educación superior privada en Chile.

Sin perjuicio de las críticas anteriores, resulta inaudito que las nuevas universidades estatales de Aysén y O'Higgins, creadas recién el miércoles pasado, vayan a entregar gratuidad al 60% de sus estudiantes más vulnerables, a pesar de que no estarán ni licenciadas por el Consejo Nacional de Educación para su funcionamiento, ni acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación en cuanto a calidad, y en cambio otras universidades que sí están licenciadas y acreditadas como la Universidad Alberto Hurtado o la Universidad Diego Portales, pero que no forman parte del CRUCh, no se vean beneficiadas.

Lo anterior se suma a que según la encuesta Casen, dentro del 60% de estudiantes más vulnerables, solo 152 mil estudian en una universidad del CRUCh, mientras que 170 mil lo hacen en una universidad no CRUCh. Estamos, por tanto, frente a una grave discriminación de quienes estudian en las universidades que no forman parte del CRUCh, y que constituyen más de la mitad de los estudiantes vulnerables que actualmente acceden a la educación superior universitaria en Chile.

Jorge Barrera R.
Fundación Jaime Guzmán