En el proyecto de ley que crea una nueva carrera docente, se ha optado por eliminar un artículo de la Ley General de Educación que permite a profesionales que no son pedagogos enseñar en nuestras aulas. Esta medida no suma esfuerzos para resolver los problemas que enfrentan nuestros estudiantes.

Según las pruebas nacionales e internacionales, la educación escolar chilena ha tenido progresos innegables, pero aún muy insuficientes. Uno de los grandes obstáculos para un avance más acelerado son las débiles competencias y destrezas de nuestro cuerpo docente, evidenciadas en pruebas nacionales como Inicia, o internacionales como TEDS-M. Hay amplio acuerdo, por tanto, en que uno de los grandes retos educacionales del país es lograr una profesión docente que reúna esas habilidades. Es un trabajo de largo aliento, que requiere atender diversos frentes y que producirá resultados en tiempos prolongados. En plazos más breves, el sistema educativo debe estar abierto a distintas experiencias que puedan fortalecer las capacidades de los docentes actuales. Eso es una obligación para con los niños y jóvenes en los distintos niveles educativos.

Pero esa apertura está lejos de ser una realidad en Chile. Lo demuestra la eliminación de la norma que permitía a los profesionales no pedagogos enseñar en nuestras aulas (por un tiempo acotado, cabe recordar, y con obligación, tras 3 años, de certificarse pedagógicamente a los profesionales que se desempeñen a su amparo). No hay antecedentes de que esta norma haya tenido efecto negativo en la experiencia escolar de los niños y jóvenes educados por esos profesionales. Por lo demás, en Chile su número es muy pequeño: apenas supera el 2% de los maestros de aula en ejercicio.
Asimismo, la evidencia de programas como Enseña Chile, que motiva a jóvenes profesionales no pedagogos a involucrarse en la sala de clases en ambientes vulnerables y que pueden hacerlo sin mayores problemas gracias a esta disposición, muestra importantes efectos positivos tanto en los aprendizajes de los estudiantes como en el clima escolar de los planteles a los que llegan. Esto está documentado en al menos un estudio independiente del BID.

En momentos en que se necesita aunar esfuerzos para elevar los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes no es razonable desechar estas contribuciones. Se argumenta contra ellas que la formación docente permite una visión más comprensiva del rol de la educación en la sociedad y del educando, en sus dimensiones psicosociales, afectivas y valóricas. Pero si hay cierta posibilidad de que se pierda un enfoque más integral, aquellos que optan por enseñar viniendo de otras profesiones muchas veces tienen una vocación que les permite superar las limitaciones iniciales. Además, si el docente no tiene los conocimientos disciplinarios apropiados, es imposible que se produzca una interacción que promueva los aprendizajes de estudiantes. Es abrumadora la evidencia de que esta es la situación en muchos planteles. Incluso en muchas localidades no existen profesores titulados disponibles para abordar algunas áreas específicas.

En realidad, el artículo 46 G de la Ley General de Educación, que permite profesionales no docentes en la sala de clases, no tiene desventajas para nuestros estudiantes y sí muchas ganancias potenciales. Sería un grave error eliminarlo, y cabe esperar que el artículo respectivo se deseche en la tramitación del proyecto de carrera docente.