Tal como en la economía, la incerteza también daña a la democracia. Y si la vaguedad apunta a los cimientos jurídicos de la sociedad -su Constitución- el resultado no es inocuo. Es el terreno en el que parece estar Chile hoy: un inaceptable entorno de incerteza sobre la permanencia, reemplazo o modificación del total de las reglas más básicas que rigen la República.Nadie niega que todo cuerpo político tiene derecho a modificar, sus reglas, a perfeccionarlas o incluso a otorgarse una nueva Carta Fundamental.

Pero en Chile el cuadro de suspenso es resultado de un desequilibrio entre el esfuerzo excesivo por anunciar una nueva Constitución, y el débil trabajo para justificar esa refundación integral, dotarla de contenidos y de procedimientos precisos. Y cuando este desequilibrio permanece por demasiado tiempo, la idea se hace sospechosa; parece seductoramente creada para obtener adhesión popular a un programa y no tanto como una exigencia imperiosa de la ciudadanía y su poder constituyente.

El discurso presidencial de 21 de mayo no marcó un avance importante en despejar este cuadro. El aniversario de la gesta de Prat habría sido el momento oportuno para ir cerrando la etapa de los eslóganes y entrar en el fondo; ofrecer algunos trazos más jugosos y precisos sobre la arquitectura sustantiva del edificio jurídico-político que se sueña para Chile. Volver con que la Constitución actual "no favorece el encuentro de los chilenos ni es la base que requerimos para avanzar al futuro como país moderno" es prorrogar un tono desgastado de generalidad que no convoca. Ahora toca explicar por qué ello sería así, qué ejes jurídicos estarían desde la Constitución impidiendo el avance moderno de Chile y por qué y cuáles se promoverán para reemplazarlos.

Útil sería también explicar por qué este camino no puede lograrse mediante reformas a la actual Constitución. Porque ya James Madison defendía la vocación inter-generacional de una misma constitución, debidamente evolutiva y reformada. La Presidenta, citando a Camilo Henríquez, abrazó la tesis contraria: cada generación necesitaría su propia Constitución (sugiriendo que no basta reformar la Carta que se hereda).

Lo que es indiscutible es que los promotores de una nueva Constitución -o de una amplia reforma a la actual- deben abandonar la etapa de vaguedad e incerteza y dar paso a un tiempo de contenidos.

Con todo, la Presidenta aseguró que la nueva Constitución será "democrática, legítima y actualizada", y subrayó la necesidad de un "acuerdo amplio". Cabe celebrar el énfasis en el acuerdo político y en lo institucional. Esto demuestra comprensión sobre la esencia de una Carta Fundamental, que es un pacto entre mayorías y minorías.

Pero nuevamente quedamos a la deriva en el procedimiento. Sabemos cuando comienza: septiembre de 2015; sabemos también que el Congreso Nacional será el receptor y resolutor de las propuestas. Hay aquí un mensaje positivo de respeto a las reglas del juego. No se sabe, en cambio, cómo se compatibilizará lo institucional con aquella frase "un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable".

Participación realmente incidente, momento constitucional legítimo... ¿son invocaciones a un plebiscito sui generis? ¿Se pretenden consultas vinculantes para el Congreso en aquellos diálogos regionales anunciados hace poco? ¿Se reformará entonces el procedimiento para reformar la Constitución vigente? ¿Con acuerdo de quién?

Muchas preguntas, muchas incertezas, y todavía algunos eslóganes para algo tan trascendente. Un relevante costo para la democracia.

Arturo Fermandois