Señor Director:

Resulta muy duro escuchar la impotencia de la señora Carmen Roa, viuda de don Héctor Gallardo Aillapán, asesinado en 2012, luego de conocer el acuerdo entre quienes estaban en huelga de hambre y el Gobierno. Esto explica la impotencia de muchas víctimas que ven cómo la autoridad cede a las presiones -en este caso de los huelguistas- y las víctimas quedan sin respuesta.

Es una constante del llamado conflicto mapuche que la violencia paga. Los que se toman campos, rápidamente consiguen que Conadi compre las tierras y se las entregue. Los presos que hacen huelga de hambre, presionando con medidas de fuerza, obtienen condiciones carcelarias privilegiadas.

Ahora, entre los beneficiados con este acuerdo, se encuentra Luis Marileo, condenado a 10 años por el asesinato de don Héctor, quien será beneficiado por segunda vez con el traslado al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol.

Es importante recordar algunos antecedentes de la víctima, del delito y de los condenados.

Don Héctor Gallardo Aillapán era un pequeño parcelero mapuche, extraordinariamente emprendedor, que acudió en ayuda de su hermano cuando este era asaltado; llegó en el momento justo en que los agresores huían y lo recibieron con un disparo a quemarropa, asesinándolo en presencia de uno de sus hijos adolescentes. Lo sobreviven su viuda y tres hijos, el menor de apenas unos pocos años al momento del crimen.

Todos debieron abandonar la vivienda que ocupaban, por las constantes amenazas después de que les asesinaron a su padre y marido. Una familia pobre en lo material, pero con una madre extraordinaria, que lucha cada día por sacar adelante a sus hijos. Los autores de este crimen, uno de ellos con una condena previa por robo con intimidación, han cumplido dos años de los diez impuestos por la justicia. ¿Alguien puede afirmar que se trata de delincuentes de baja peligrosidad, que han cumplido los requisitos para obtener el beneficio de estar en un CET?

Mientras el Estado siga enfrentando el problema en esta lógica es imposible que se imponga la paz y el diálogo.

Alejo Apraiz
Presidente Asociación Víctimas de Violencia Rural-La Araucanía