En medio de los esfuerzos por superar la emergencia creada por los aluviones en el norte del país y los pulsos eruptivos del volcán Calbuco, los habitantes de Chaitén decidieron bloquear la Ruta Austral en demanda de una definición estatal respecto al pleno restablecimiento de los servicios básicos en esa localidad.

La erupción del volcán Chaitén en 2008 obligó a evacuar los más de cinco mil habitantes de la ciudad del mismo nombre, pero es un hecho que paulatinamente las personas han ido retornando a sus viviendas. Las autoridades no lo impidieron, pese a los esfuerzos por trasladar esa población a un lugar más seguro ante los riesgos de desastres naturales, y hoy enfrentan la presión de los chaiteninos que ya se han reinstalado. A pesar de que se dictó una ley especial durante la primera administración de Bachelet para poder comprar las propiedades de los damnificados, muchos se niegan a venderlas.

La catástrofe ocurrida en Chaitén no solamente sepultó el pueblo bajo una gruesa capa de cenizas, sino que también el río Blanco, cuyo curso lo atravesaba, se desbordó con un aluvión que arrastró dos millones de metros cúbicos de material, haciendo desaparecer cerca de 150 casas.

En la actualidad, cerca de 1.600 personas, según el alcalde, han recuperado la mayor parte de los servicios -entre ellos, el hospital-, pero los vecinos del sector sur solo contarían con agua y luz de emergencia.

Hoy Chaitén luce en gran parte desolado, y si bien se han reabierto algunos comercios, efectivamente el sector sur plantea graves problemas para su recuperación.

Los gastos en que ha incurrido el Estado para resolver la situación de Chaitén -cerca de 100 millones de dólares en los dos primeros años tras la catástrofe- parecen desproporcionados en relación con el número de personas damnificadas.

Pero más allá de los costos económicos, el repoblamiento espontáneo de la ciudad parece contravenir los criterios de una política razonable de prevención de desastres naturales.

Algo similar se observa en construcciones que se han vuelto a levantar en zonas del borde costero arrasadas por el tsunami de 2010 y también en las quebradas de los cerros de Valparaíso pocos años después, cuando un avasallador incendio arrasó con las viviendas de cientos de moradores.

Nada hace pensar que eso no podría repetirse en las quebradas que fueron barridas por los aluviones en Chañaral y Copiapó, en las que no debiera volver a edificarse.

Se deben sacar lecciones de las distintas catástrofes que ha enfrentado Chile en los últimos años, y eso exige reforzar no solo la institucionalidad encargada de enfrentar la gestión de las emergencias, sino que también educar a la población y a las autoridades locales acerca de la importancia de contar con criterios de anticipación de riesgos y de prevención de los desastres naturales, los cuales deben estar incluidos, entre otros, en las planificaciones urbanas de cada comuna.