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Cartas
Miércoles 06 de mayo de 2015
Víctima de una torcida investigación
Señor Director:
El 25 de noviembre de 2013 fui detenido. Se me vino el mundo encima. El ente persecutor por excelencia me acusaba de delitos deleznables, nada más ni nada menos de tráfico de drogas y otros delitos contemplados en la ley.
De un minuto a otro, de instar por la aplicación de la ley, pasé a ser un infractor.
El juicio concluye. Expectantes al veredicto, este determinó que aquí no hubo nada de lo que se nos acusaba y por lo que se nos mantuvo privados de libertad por más de un año, con todas las consecuencias que ello acarrea, y en el intertanto la fiscalía pidió liberar a los verdaderos traficantes, incluso financiando vía aérea su regreso a Bolivia. Pero lo más indignante de todo es un párrafo de la sentencia que a la letra dice: "Resulta inexplicable la actitud del persecutor y querellantes en este juicio, pues las mismas han pretendido una condena penal, en un procedimiento de legalidad cuestionada, que denota una torcida investigación" (Considerando 51° Sentencia T.O.P. Arica).
La sentencia absolutoria fue confirmada por la unanimidad de los miembros de la Corte de Apelaciones de Arica. Una vez más se daba razón a nuestra tesis de que todo era producto de un procedimiento policial dirigido por el fiscal, y siempre al amparo e instrucciones del Ministerio Público, siendo condenado al pago de las costas del juicio.
Ahora bien, cuando uno comete una inconducta en el ámbito penal es sancionado por el ordenamiento jurídico, pero qué pasa cuando es el ente persecutor el que comete un error. ¿Qué sanción tiene? ¿Quién supervisa esto? ¿Da lo mismo tener a unas personas privadas de libertad por más de un año para que sean declarados inocentes?
Yo perdí mi trabajo y mi carrera de más de 23 años en la institución. ¿Sabrán esas personas lo que es no pasar un cumpleaños o Navidad con sus hijos, darles un abrazo de Año Nuevo, acompañarlos en sus actividades escolares, un beso de buenas noches después de una extensa jornada de trabajo, no poder estar presentes cuando están enfermos, el dolor y sufrimiento de esposa, hijas, padres y familiares? ¿Cuál es el mea culpa? ¿Dónde está el principio de objetividad? Aquí no lo hubo.
Esto me lleva a preguntar, ¿cuál es el costo para quien investigó y acusó en un procedimiento de legalidad cuestionada que denota una torcida investigación?
Víctor Rodríguez Huerta
Mayor (r) de Carabineros