Imaginemos por un momento cómo sería el Estado si desde la cúspide hasta los municipios contara con una administración civil profesional no sometida a los caciques políticos, si la contratación de parientes tuviera que pasar por concurso público, si hubiera limitaciones para pasar del sector público al privado, y si las compras se hicieran de forma transparente. Pensemos cómo sería la política si se terminara con la reelección indefinida de alcaldes y parlamentarios, si los partidos tuvieran que abrir el listado de sus militantes y de sus finanzas, si se limita el gasto electoral para que la competencia entre candidatos fuera de ideas y no de propaganda, y si quien transgrede estas normas pierde su escaño. Figurémonos, en fin, cómo sería el mundo de los negocios si se les entregan mayores facultades a las autoridades fiscalizadoras, si se restringen los espacios para la colusión y si se elevan los castigos a las conductas ilícitas.

Sería una revolución. Otra forma de ejercicio del poder, tanto político como económico; un freno sin precedentes a la reproducción de abusos y privilegios. Es lo que propuso la Comisión Engel, y fue acogido por la Presidenta Bachelet. Es lo que los partidos políticos están comprometidos a procesar con celeridad en el Congreso. Esto será resistido con mil subterfugios, pues implica la amputación de prerrogativas de los grupos dirigentes. Si sumamos las investigaciones judiciales en curso, los que vienen son tiempos turbulentos.

Pero eso no es todo. "La tarea que hoy emprendemos -dijo la Presidenta al anunciar las medidas anticorrupción y protransparencia- se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución", por medio de un "proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos". Sería indispensable, a su juicio, para reconstruir la deteriorada "confianza en nuestra vida pública", sin la cual "no habrá desarrollo, democracia, paz social".

Se podrá discutir la forma o la ocasión, pero la apuesta hace sentido. De hecho hace algunas semanas los máximos líderes empresariales unieron sus voces para exigir liderazgo ante la mayor crisis desde el retorno de la democracia. Sonaba destemplado, como lo dije en estas mismas páginas; pero si este es su punto de vista, era lógico que salieran a respaldar a la Presidenta Bachelet, quien busca responder a la desconfianza y hasta indignación de una ciudadanía que recela de las autoridades y de la legitimidad del sistema político y económico. Pero no. Antes de saber de qué se trata ya han comunicado su oposición, repitiendo lo de siempre: que genera incertidumbre. Como si la crisis que los tenía tan alarmados se hubiera súbitamente esfumado, y correspondiera regresar a lo de siempre, a la defensa del statu quo . Olvidan, sin embargo, que la mentada incertidumbre no nace de un hipotético "proceso constituyente", sino del desborde ciudadano que hoy tiene a toda la clase dirigente en el banquillo de los acusados.

Han surgido también otras voces, las que recelan del "proceso constituyente" porque podría abortar la asamblea constituyente. Es curioso cómo personas reflexivas han llegado a depositar en un mecanismo como este virtudes providenciales, como si de él dependiera la inauguración de la verdadera historia. Pero esta, me temo, no se mueve en base a eventos luminosos, sino a procesos más bien grisáceos; no en base a certezas, sino a tientas.

Cuando todos hacemos gárgaras con la palabra confianza, quizás sea el momento de vencer el temor a la deliberación y dar la oportunidad al camino propuesto por la Presidenta de la República.