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Cartas
Domingo 03 de mayo de 2015
Reforma a la Alta Dirección Pública
Señor Director:
El informe anticorrupción se refiere a las reformas a la Alta Dirección Pública, ADP. Algunas son necesarias, como la extensión del sistema al ámbito municipal en cargos de jerarquía, más allá de lo que hoy rige con reconocido éxito como la selección por ADP de los directores de colegios municipales.
Es interesante la propuesta de incorporar directores independientes de empresas públicas a la ADP y de ampliar el sistema a los cargos de tercer nivel, los jefes de departamento de los servicios públicos. En esto último se habla de proceder con gradualidad por la envergadura de la exigencia; se trata de alrededor de 2.200 cargos. Hay que notar que actualmente tales cargos pertenecen a la carrera funcionaria y están normados por el estatuto administrativo. Sin necesidad de traspasarlos a la ADP, se podría introducir una modificación que permitiera concursos abiertos a funcionarios de otros servicios e incluso fuera de la administración y comités de selección sin conflictos de intereses. La ADP podría actuar como garante.
Al referirse a los directivos que ejercen como provisionales y transitorios (PyT) en cargos vacantes mientras se realiza el concurso, el informe propone eliminar esta figura jurídica en el segundo nivel y acotarla a solo el 10% en el primero. Es un error. Eliminar la figura jurídica del PyT revela desconocer la función que realizan. La ley previó que estando vacante un cargo de jerarquía la autoridad tendría la facultad de nombrar a una persona de confianza con un perfil aprobado por el Consejo ADP. De otro modo, sin aquella atribución, quedaba atado a nombrar obligatoriamente a un subrogante legal, que podía no reunir la idoneidad para ejercer funciones directivas.
El problema con los PyT no es, per se, su existencia. Es la inequidad que se produce cuando un PyT que ejerce el cargo decide postular al concurso. Lleva ventajas frente al resto de los candidatos y si es ratificado, deja la sensación de que hubo "arreglines", lo que deteriora la imagen del sistema y disuade la participación de buenos candidatos en el futuro. La solución es simple: que los PyT no puedan concursar, pero no eliminar su calidad de tal.
En los últimos años se han enviado al Congreso tres proyectos de ley sobre ADP, pero no ha habido voluntad política para legislar. El informe anticorrupción tiene en tal sentido la virtud de poner un pie forzado al Gobierno para enviar con prontitud un proyecto de reforma; de otro modo, seguiremos asistiendo a permanentes llamados a acabar con la ADP, que, más allá de sus imperfecciones, sigue siendo un freno a extendidas malas prácticas de nuestra política contingente.
Carlos Williamson B.
Ex director del Servicio Civil