A menos de un mes del plazo anunciado por el Ejecutivo -21 de mayo- para enviar el proyecto sobre desmunicipalización de la educación que está en manos del Estado, no se conocen más que las gruesas definiciones que se contenían en su programa de gobierno.

En la primera administración de la Presidenta Bachelet se envió un proyecto de ley para avanzar en esta materia. No generó acuerdos. Luego el Presidente Piñera convocó un panel de expertos de carácter transversal que planteó una propuesta que alcanzó unanimidad entre sus integrantes. Se envió un proyecto de ley que no recogió dicha propuesta y que tampoco interesó al Congreso.

En estos momentos, no hay claridad respecto de cómo se piensa llevar adelante esta tarea.

Se habla de setenta servicios locales de educación que contarían con un presupuesto operacional que se financiaría con recursos adicionales a los hoy existentes, además de un fondo para compensar deudas de arrastre y financiar eventuales compensaciones a los municipios.

Pero este diseño no parece muy distinto del contenido en el proyecto de ley que enviara el primer gobierno de la Presidenta. No están muy claras las razones de por qué esta vez podría generar acuerdo. Un problema central es que la educación requiere de algún grado de legitimidad democrática en su gestión. Así, en gran parte del mundo, donde por lo demás la organización que predomina es la municipal, son muy infrecuentes los casos donde esa legitimidad está ausente. Un ejemplo es Corea del Sur, pero incluso en ese caso, a pesar de que en el papel es el Estado central el responsable de la educación, la autonomía de las comunidades educativas para gestionar los planteles escolares es casi absoluta.

En ausencia de una claridad respecto de los asuntos institucionales, el debate ha ido girando hacia el financiamiento de la educación, en particular hacia el hecho de que hay muchos costos fijos y que los ingresos son en esencia variables al estar vinculados a una subvención por asistencia. Los alcaldes argumentan que esta asimetría generaría y explicaría un gran déficit de la educación municipal. Para resolverlo, habría que desvincular el financiamiento de la asistencia de los estudiantes a clases. Sin embargo, ello podría generar problemas de deserción e inasistencia a clases que perjudican los aprendizajes. Los buenos índices de Chile en ambas dimensiones no se pueden desligar del mecanismo de financiamiento existente, que crea incentivos para que los municipios se preocupen de la retención y la asistencia a clases. Por supuesto, siempre se puede perfeccionar el sistema de financiamiento escolar vigente, pero no se ven las razones que recomienden reemplazarlo.

Por lo demás, tampoco es correcta la afirmación de que el déficit de los municipios en educación escolar se explica principalmente por esta razón. De hecho, en la educación particular subvencionada el financiamiento también es vía subvención por asistencia y los déficits no existen. La causa central hay que buscarla en la gestión. Por ejemplo, mientras los establecimientos subvencionados tienen contratadas aproximadamente 1,9 horas docentes por estudiante, los municipales tienen 2,5 horas (cifras que se obtienen de las bases de datos de docentes y estudiantes que reporta el Ministerio de Educación). Esto puede explicar fácilmente del orden de 200 millones de dólares de mayores gastos y explicaría una parte importante del así llamado déficit estructural del sistema municipal, que se estima en 323 millones de dólares.

Ahora bien, nada asegura que la nueva institucionalidad mejore significativamente la gestión de la educación estatal y menos su calidad. Al interior de los municipios hay resultados muy heterogéneos y, por tanto, los problemas, más que de la institucionalidad, son de planteles escolares específicos. El desafío, entonces, es asegurarse de que ellos reciban el apoyo necesario o se reestructuren para lograr los estándares de aprendizaje que el país defina para sus diversos establecimientos educativos. Así, la tarea es más bien promover escuelas efectivas. Que ello se pueda satisfacer privilegiando un cambio en la institucionalidad es difícil de creer.