En esta época de escándalos en el manejo de los dineros vinculados a la política debiera causar algún grado de sorpresa que el encargado de la unidad de Diálogo Social y Formación Sindical del Ministerio del Trabajo sea a la vez consejero de la CUT, una de las tres centrales sindicales del país. Hace poco tiempo, el año 2012, dicha persona fue elegida como tesorero de la CUT en la lista que encabezaba Arturo Martínez, y se desempeñaba en el cargo hasta algunos meses atrás. Según dijeron en el ministerio, habría renunciado al cargo de tesorero, pese a que dicha renuncia no ha tenido un carácter formal, pero mantiene su posición de consejero de la CUT. El problema principal se presenta puesto que él, como encargado de administrar los fondos que el Gobierno emplea para apoyar las actividades sindicales, debe resolver a qué central le provee los dineros y hasta ahora solo la CUT los ha obtenido, sin que las otras centrales hayan podido ganar un solo proyecto.

Asimismo resulta sorprendente el monto del apoyo gubernamental a las actividades sindicales, que ascienden a más de 1.300 millones de pesos este año, solo para el diálogo social y la formación sindical de dirigentes. Quizá esta relación estrecha entre el Gobierno y la CUT explique ciertas actitudes de parte de la central de trabajadores que han llamado la atención, puesto que aceptó de buena gana un reajuste menor de aquel que le protestó al gobierno anterior. Por cierto, la posición de doble dependencia del funcionario genera un conflicto de intereses entre lo que él debe hacer como funcionario de un gobierno y lo que él anhelaría como consejero de una institución que compite por los fondos. Y naturalmente, esto conlleva una sensación de injusticia entre quienes participan de las otras dos centrales sindicales, la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, fundada en 1995, y la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, creada en 2003. Según lo han expresado sus dirigentes, ellos han protestado ante la ministra del Trabajo, pero sin resultados.

Los altos desembolsos que le significa al Gobierno el apoyo al diálogo social y a la formación sindical se han transformado en una espina para amplios sectores del Parlamento, puesto que no se ha encontrado un registro apropiado de lo que se obtiene con ellos, ni menos una forma de evaluarlos. El año pasado en la discusión presupuestaria se planteó que no correspondía aumentar ese gasto, puesto que ni siquiera se estaba ejecutando, pero según el Gobierno sí se ejecutaba y solo faltaba la información. Pero justamente es la falta de información respecto de qué ocurre con gastos que son altos, con retornos dudosos y que se definen por un funcionario de una de las centrales lo que constituye el problema.

Pese a todo lo que se habla de transparencia y lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos públicos, lo que se observa en esa dependencia del Ministerio del Trabajo no cumple los estándares que espera la sociedad chilena. El Gobierno anuncia más transparencia, pero su manejo de los dineros de todos los chilenos no resiste un análisis detallado. Así como un consejero de la CUT se encarga de repartir dinero, también en otras áreas, como por ejemplo la división de organizaciones sociales, que depende directamente de La Moneda, el encargado es un activo ex dirigente estudiantil comunista, con un papel protagónico en las protestas del año 2011. Pero él supervisa el consejo de la sociedad civil y tiene en sus manos varios concursos públicos. En los tiempos que corren, harían bien las autoridades en revisar las situaciones potencialmente dañinas que pudieren haber generado con sus designaciones.