Señor Director:

Como los recursos estatales no alcanzan para todo lo socialmente necesario, una forma operativa de definir un verdadero "derecho a la educación" es como la posibilidad real que entrega el sistema para que las personas se eduquen. Sin embargo, el concepto se ha idealizado, y ello compromete la real posibilidad de que las personas se eduquen.

Por ejemplo, en la enseñanza técnico-profesional hoy se restringen los beneficiarios de beca por notas de enseñanza media. Alumnos bajo 5 no acceden a becas, y bajo 4,5, a crédito. Pese a ello, hoy esos alumnos, sobrerrepresentados en estratos de menor ingreso, con su propio esfuerzo, sí pueden estudiar.

Lo anterior, que aplica a alumnos repitentes y que realizaron otra carrera, se vería magnificado en un proyecto de "gratuidad completa". Sustituir el aporte personal actual por un aporte estatal requerirá que el Estado defina cupos de beneficiarios. Ello dejará fuera de la posibilidad de estudio a alumnos que hoy sí pueden estudiar, pagando.

Peor aún, existe un riesgo adicional vinculado a este verdadero trade off entre idealización y derecho. La presión de los idealistas para no dejar gente fuera y sostener cobertura se "puede resolver" reduciendo los aportes per cápita, lo que incidiría negativamente en la calidad de las instituciones, como es el caso de la gratuidad en la mayoría de los países latinoamericanos.

El Estado no tiene opción cuando los recursos son limitados. O insiste y pone en severo riesgo la calidad de la educación superior y el verdadero derecho a la educación o deja de idealizar su visión de derecho y acepta que la forma de avanzar al acceso es excluyendo de la gratuidad a los que están en condiciones de pagar.

Ricardo D. Paredes
Rector Duoc UC