Una multa por cerca de 900 millones deberán pagar finalmente las empresas acusadas de colusión en la ruta Santiago-Curacaví y Santiago-Lo Vásquez, como consecuencia de haber acordado alzas en el valor de los pasajes desde 2008 a 2011 en desmedro de los usuarios.

La sanción es consecuencia de la confirmación de la Corte Suprema de la sentencia dictada en enero del año pasado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Pullman Bus Costa Central y Ruta Vía Curacaví, además de dos personas naturales vinculadas a estas empresas.

En los últimos años han ocurrido diversos casos de acuerdos de precios o de cuotas productivas en diversas industrias, lo que ha sido reprochado cada vez con mayor intensidad por la opinión pública. Las sanciones a las empresas implicadas dan cuenta de una fiscalía activa y de un tribunal severo. En el caso de los buses, las pruebas presentadas han sido contundentes e irredargüibles y esa es la razón por la cual no sorprende que la Corte Suprema haya ratificado la sanción.

En todo el mundo, la progresiva sofisticación de los mercados ha mostrado la necesidad de contar con una institucionalidad en permanente perfeccionamiento para perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas. Nuestro país no ha sido una excepción, y cuenta con una legislación que fue reformada el año 2003 (cuando se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia). Esta legislación fue modificada nuevamente en 2009, al dotar de más herramientas a la Fiscalía Nacional Económica, incluido el establecimiento de un mecanismo de "delación compensada", que fue precisamente clave para la detección del problema en el transporte a Curacaví.

Pese a que el significativo aumento de sanciones es una muestra palpable de que la institucionalidad está funcionando, desde hace ya varios años se ha planteado por algunos expertos y el mundo político la conveniencia de imponer sanciones personales a los responsables, incluyendo la pena de cárcel, e incrementar las multas a pagar. El actual gobierno ha presentado recientemente un proyecto de ley que recoge estos aspectos, cuyo equilibrio en el conjunto de la legislación debe sopesarse.

Ahora bien, y sin duda, coludirse en contra de los usuarios, como ocurrió con los buses interurbanos, es inaceptable. Se inflige un inmenso daño a la confianza en una economía libre y a las personas más vulnerables. Por esta razón, Chile debe perseverar en el esfuerzo de erradicar esas prácticas de manera definitiva mejorando constantemente su legislación.