Esta semana se dieron cita en Chile los representantes de órganos garantes de la transparencia del acceso a la información pública y de la probidad de 30 países para dialogar sobre sus experiencias y analizar los desafíos que enfrenta el avance hacia mayores niveles de transparencia. Las diferencias en las formas que toma la falta de probidad y transparencia sirvieron también para una reflexión sobre los riesgos para la probidad observados en Chile, y sus orígenes, la que ha sido escasa frente a la urgencia por cambiar la normativa.

Históricamente, Chile ha sido considerado un país de bajos niveles de corrupción, pero hoy sufre las consecuencias de fallas normativas e institucionales en áreas de alta incidencia en los riesgos a la probidad. Una de ellas es el financiamiento de la política, pero no es la única. En Chile, el trato preferencial por parte del Estado hacia quienes ostentan el poder económico y político, la accesibilidad privilegiada a información pública y privada, y a beneficios de distinta índole, se remontan a los inicios de la República, y son las formas en que consistentemente y con mayor frecuencia se ha manifestado la corrupción. La raíz histórica y cultural de los espacios de abuso obliga a comprender el problema y modificar las condiciones que le han dado origen, trabajando no solo a nivel normativo, sino también, sostenidamente, a nivel cultural.

Es destacable la fuerte reacción ciudadana ante los casos recientes de atentados contra la probidad. El crecimiento económico, el mayor acceso a bienes públicos y a la educación, y las posibilidades de conexión que genera el avance tecnológico, junto con las reformas promovidas en las últimas décadas, han creado en la ciudadanía una expectativa de transparencia que se ve frustrada ante la aparición de casos como los recientes, que minan aún más la confianza de los chilenos en las instituciones que conforman la estructura esencial de la vida republicana.

Chile ha impulsado políticas dirigidas a fomentar la transparencia y la probidad. El año 2003 se aprobó una norma relativa al financiamiento electoral, el año 2008 se promulgó la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y en el año 2014 comenzó la implementación del sistema de regulación del lobby . Estas dos últimas no solo permiten el escrutinio público de los órganos del Estado; también el acceso a la información facilita el ejercicio adecuado de otros derechos de alta importancia social. Efectivamente, a través de la norma de acceso a la información el ciudadano se convierte en un actor de control social del accionar de los órganos del Estado, lo que inhibe faltas a la probidad. Por otra parte, disponer de la información relativa a la acción de órganos del Estado responsables de proveer bienes y servicios públicos favorece una gestión proba y eficiente, para beneficio de los ciudadanos que deben acceder a ellos. Acceder sin discriminación a la información y a los bienes proveídos por el Estado es un requisito para la inclusión, y posiblemente un factor facilitador para la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Vivianne Blanlot