Inimaginable hubiera parecido hasta hace solo unos meses que el Gobierno se aprontara a culminar abril sin haber realizado un ajuste profundo en sus equipos. Más aún considerando que si en diciembre del año pasado -cuando el cambio parecía inminente- los principales problemas se registraban en ciertas carteras sectoriales, ahora es el corazón político del gabinete el que aparece cuestionado por su incapacidad para hacer frente y encauzar el delicado momento que vive el país. Paradójicamente, aunque el transcurso de los meses ha acumulado nueva evidencia respecto de la necesidad de un giro, la posibilidad de que la administración llegue incluso al próximo 21 de mayo sin una renovación de elencos no parece hoy totalmente descartable.

Mientras la consiguiente parálisis en la acción política del Gobierno se mantiene, el país observa severas fracturas en la misma coalición que hace algo más de un año llegaba al poder mostrando inéditos niveles de apoyo y con el control absoluto de las dos cámaras legislativas. A la conocida pugna entre la Nueva Mayoría y una "antigua" Concertación que observa con distancia el impulso refundacional de sus nuevos aliados, se suma un eje de división no ideológico: aquel que enfrenta a ciertos dirigentes de colectividades (en particular el Partido Socialista) con el equipo de colaboradores más cercanos a la Presidenta, y que fue crucial en la gestación de su candidatura. Los cuestionamientos de que han sido objeto el ministro del Interior y algunos de sus asesores a raíz de las boletas emitidas a la empresa de un conocido recaudador han creado el escenario para que este conflicto se manifieste de modo brutal. Calificativos como el de "estupidez" que usara el presidente del PS para refutar dichos del jefe de gabinete lo demuestran: aquellos que debieron aceptar con resignación un lugar secundario en la campaña y luego en la conducción del Gobierno no parecen dispuestos a pagar costos por las acciones de quienes hasta ahora los habían marginado.

¿Partidarios disidentes?

Llaman la atención en ese contexto las palabras de la Presidenta Bachelet afirmando que si llegara a efectuar un ajuste ministerial, solo consideraría los nombres de quienes estén "completamente de acuerdo con el programa de gobierno", cual si la Mandataria admitiera que no todos sus partidarios comparten dicho programa. Tales palabras parecen en sintonía con las diferencias que otras figuras, como el presidente del PPD, intentan establecer al acusar que miembros del oficialismo buscan obstaculizar las reformas de la Jefa de Estado. No parece sin embargo convenir a quien encabeza el Gobierno hacer suyos esos planteamientos; al revés, la propia diversidad de la coalición exige de su líder la capacidad para interpretar a todas sus figuras, desde un Jaime Quintana a un Pérez Yoma, y desde un Guillermo Teillier a un Camilo Escalona. Dividir las propias fuerzas entre un núcleo de partidarios fieles y otros sospechosos de disidencia solo autolimita un liderazgo ya golpeado por la fuerte baja de su popularidad.

Reacciones que contrastan

La información de que el escándalo de corrupción política en Petrobras, el gigante brasileño, significó pérdidas por más de US$ 2 mil millones para esa estatal permite un mejor dimensionamiento del alcance de las irregularidades en el financiamiento político que hoy preocupan a Chile, de entidad ciertamente muy menor.

Con todo, no cabe negar la gravedad de algunos de los hechos que han salido a la luz ni tampoco las asimetrías en la reacción frente a ellos. Sugerente es que sea en el sector privado -a menudo cuestionado por su falta de sensibilidad ante las inquietudes ciudadanas- donde los involucrados deban hoy asumir con mayor dureza las consecuencias de su actuar. Evidencia de ello es la salida de la presidencia de SQM de Julio Ponce Lerou, su principal controlador y bajo cuya conducción la empresa -como se ha constatado en estos días- prestó favores, otorgó financiamiento de campaña y contrató estudios a figuras de todo el espectro político. También parece claro que los controladores del grupo Penta no recuperarán la situación preeminente de que gozaban antes de conocerse las irregularidades en el manejo de ese holding que indaga el Ministerio Público. Tales situaciones no son el resultado de sentencias judiciales -los procesos respectivos se encuentran en curso y muy lejos de haber llegado a una conclusión-, sino una respuesta ante el cuestionamiento social a prácticas controvertidas.

En contraste, pese a la similar reprobación suscitada tras conocerse diversas actuaciones de figuras del mundo público, no se observa allí una reacción equiparable ni parece claro que se vayan a enfrentar costos por ellas. Es irritante para el ciudadano común ver, en lugar de eso, la reiteración de explicaciones poco creíbles y la desafiante reivindicación de conductas cuestionables. Es de esperar que el compromiso asumido por la Presidenta en cuanto a encabezar un esfuerzo mancomunado por restaurar las confianzas se manifieste también en una corrección de tales situaciones.